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Ya hemos visto el contencioso que mantuvo en vilo a
funcionarios de Ministerio de Justicia y a la propia
Administración, después de dos meses de huelga, así como la
paralización de trámites de más de cuarenta mil expedientes
judiciales. Luego están, como consecuencia de la resolución
del conflicto de los funcionarios de Justicia que reclamaban
su equiparación salarial con sus compañeros de las
Comunidades Autónomas, la decisión de la Policía Nacional y
Guardia Civil de emprender la lucha para conseguir una
homologación respecto a otras policías autónomas (en estos
casos el agravio comparativo es aun mayor ya que la
diferencia de sueldo supera los 500 euros mensuales según
datos de los sindicatos). Recientemente los movimientos
huelguistas de transportistas y agrarios por el incremento
del precio de los carburantes; el aumento de precios de la
compra de alimentos de cada día; la subida del suministro
del fluido eléctrico; el anuncio del Gobierno de la
contención del gasto, empezando por los salarios de los
funcionarios; el incremento desmesurado del paro; la duda
respecto de si será viable el sistema de pensiones en
ejercicios venideros; o sea: una ingente cantidad de
situaciones desfavorables por lo que a cuestiones económicas
se refiere, que llegan a producir la inquietante situación
actual de la economía española.
A todo ello, por parte del presidente del Gobierno se
denomina la situación como “que son dificultades y problemas
por los que atraviesa la economía española” y que, poco
menos, no hay que tener preocupación ya que “España goza de
importantes activos para intentar que la recesión sea lo mas
corta posible”, cuando según el diccionario de la lengua
española, se le llama crisis a, como venimos notando, “un
cambio brusco -a peor- de una enfermedad” –la que padece
nuestra economía-, “al haberse producido, también, una
mutación importante en el desarrollo del proceso”, “el
momento decisivo de un negocio” y a una “situación
dificultosa y complicada” como la de nuestros actuales
parámetros económicos”.
En Ceuta, según hemos conocido por nuestro periódico, la
plataforma sindical de la Administración General del Estado,
se concentrará ante la Delegación del Gobierno el próximo
día 26 para reclamar retribuciones justas, así como la
negociación del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP) y la aplicación de la jubilación parcial de
los empleados públicos” siguiendo una campaña de
concentraciones y movilizaciones, junto al resto de las
comunidades de España. Todo ello con respaldo de las
centrales sindicales mas representativas (U.G.T., CC.OO y
CSI-CSIF).
Cuanto comentamos, nos lleva a convenir que por las
consecuencias del crecimiento cero de nuestra economía, del
estancamiento de la misma, la bajada del consumo y,
consiguientemente, de los ingresos del Estado, la propuesta
de congelación de salarios principalmente de los
funcionarios públicos, el crac que se está produciendo en
las empresas urbanísticas y, por ende, de las que inciden en
el sector (carpintería, cerámica, cementos, etc.), el
descontento de los empleados del Estado, de las empresas de
transportes, de la agricultura, el temor de los pensionistas
ante la inseguridad del cobro de sus pensiones, etc.,
queramos o no, ha creado una verdadera “crisis” y, si no es
así, entonces ¿como llamamos a esta grave situación
económica y, a la vez, social en que nos encontramos?.
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OPINIÓN
