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Toda medida que se proponga para
afrontar la crisis que se nos echa encima a pasos
agigantados debe ser bienvenida y mejor aceptada. El hecho
de que el Gobierno central aporte o adelante 200 euros en la
nómina de este mes de junio en base al RDL de abril de 2008,
a cuenta del IRPF, es una forma de dotar de liquidez al
personal. Se trata de una gran medida [por el esfuerzo] para
la economía del país, pero un leve suspiro para los
bolsillos de unos ciudadanos que asisten entre sorprendidos,
perplejos e impotentes a una escalada masiva de subida de
precios que hará romper el techo de la inflación sólo por
adquirir productos de los denominados básicos. Si a ello se
le añade la subida de la electricidad y de todos los
pequeños gastos de una familia media, el resultado evidencia
un futuro nada halagüeño para los empresarios del sector
servicio y aún menos para sus trabajadores. Entre otras
cuestiones porque el bolsillo de las familias medias
quedarán exclusivamente destinado a una economía casi de
subsistencia mensual.
En cualquier caso, se supere antes o después esta crisis, la
Ciudad ha propuesto que se controle y se impida el uso y
abuso de mano de obra irregular marroquí tanto para la obra
como para la hostelería fundamentalmente. Esta medida, que
se elevará al Ministerio de Trabajo en una muy próxima
visita de los representantes ceutíes a Madrid, pretende que
favorezca a la contratación de mano de obra regularizada y
prioritariamente ceutí.
La bolsa de trabajo irregular en la ciudad autónoma es
realmente alta si añadimos el personal del hogar, la mano de
obra utilizada para esos pequeños ‘chapús’ y en determinados
negocios típicos de estas épocas donde aprovechando el
movimiento característico de la OPE proliferan trabajadores
del vecino país sin estar dados de alta, ni regularizados
suficientemente.
Se trata de impedir la contratación de personal irregular
para facilitar la entrada en el mercado laboral de ceutíes
que actualmente llenan las listas de paro en la ciudad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
