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OPINIÓN - VIERNES, 13 DE JUNIO DE 2008

 
OPINIÓN / EDITORIAL

Solidaridad interterritorial y... cohesión

En plena crisis económica para unos y simple desaceleración para otros, El Gobierno de la nación plantea a las autonomías y a los ayuntamientos un nuevo sistema de financiación que tenderá a dotar de mayor responsabilidad a las distintas autonomías en el marco de sus respectivas políticas económicas y sobre todo fiscales. La fórmula básica es que Madrid quiere que sean las autonomías las que se autofinancien para la prestación de los servicios. O lo que es lo mismo, que se reduzca la necesidad de que sea la Administración General del Estado la que aporte todo lo relacionado con las infraestructuras y/o la prestación de servicios, y sean las propias comunidades autonómas las que establezcan los niveles impositivos a sus ciudadanos para acometer estas tareas. Pero hay que regularlo claramente por evidentes circunstancias estrechamente relacionadas con el número de población y dimensiones geográficas, además de otros parámetros al que acogerse para evitar hacer de España un lugar donde existan territorios de primera velocidad, de segunda y de tercera: Y donde por razones de fiscalidad se guerrillee regionalmente en detrimento de la defensa de la cohesión y solidaridad entre territorios para que se converja en unos niveles medios de unísono avance. Además de ello y, opinando que Cataluña no tiene por qué ser más rica que Andalucía y/o viceversa, debe entenderse que la situación de Ceuta y de Melilla hay que considerarla [una vez más] especial por muchos motivos a tener en cuenta: pequeña dimensión geográfica, alta densidad de población, extrapeninsularidad y frontera terrestre con un país exportador y paso de inmigrantes en el que la diferencia de renta per cápita es aún extremadamente elevada, pese a la situación de los ceutíes cuya media ha significado su salida injusta [por esos mismos motivos] del Objetivo 1 a causa del llamado Efecto Estadístico. Ceuta y Melilla deben quedar bien protegidas por la Administración General del Estado porque es quien debe garantizar la equidad y la solidaridad entre sus territorios.
 

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