El dedo justo de Rubalcaba
 

Víctor Corcoba Herrero
corcoba@telefonica.net
 

Alfredo Pérez-Rubalcaba ha levantado el dedo, sin temblarle el pulso porque le asiste la ley, para advertir que el derecho a la huelga no da derecho a alterar el orden público. Como no podía se de otra manera, por la responsabilidad adquirida, su cartera ha de poner orden y paz frente a doquier inseguridad que reste libertad a los ciudadanos. Aunque la huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable, como parece es el caso ante la fuerte crisis que padece el país, se puede volver en contra de los convocantes cuando va acompañada de violencias.

La primera gran protesta por la crisis, ejercida por los transportistas, nos lega un terrible mal sabor de boca. La muerte de un miembro de un piquete en Granada. La quema de vehículos. Heridos de gravedad por quemaduras. Amenazas y coacciones. El Estado, pues, está en su derecho y en su deber de garantizar la libre circulación de los ciudadanos y su acceso a los productos esenciales.

La huelga, que es una de las conquistas más costosas del movimiento sindical, no puede tomar como arma arrojadiza la salvajada, debe ser siempre un método pacífico de reivindicación y de lucha por los propios derechos. Se pierde este derecho cuando se actúa de otra manera. Lo normal es recurrir a procedimientos de negociación, con la obligación de respetar un determinado quórum y de obtener el acuerdo de una mayoría. Ahora bien, tampoco es de recibo ser objeto de sanciones por realizar o intentar realizar una huelga legítima.

En cualquier caso, el abuso de la huelga puede conducir a la paralización de toda la vida socio-económica de un país, y esto es antagónico a las exigencias del bien común colectivo, que corresponde asimismo a la naturaleza bien entendida del trabajo mismo. No es de recibo, en suma, convertir una legítima medida de presión en un verdadero chantaje del que son víctimas los ciudadanos, y casi siempre los más indefensos y con menos recursos.