La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF)
ha denunciado la solución tomada por la Dirección General de
la Policía (DGP) ante el aumento de la necesidad de
traductores, poniendo, desde el pasado 1 de mayo, en manos
de la empresa privada Seprotec la selección de los
traductores “que van a trabajar con temas relacionados con
la seguridad del Estado y de alta confidencialidad con
detenidos extranjeros”.
Prueba de ello, afirma CSI-CSIF, es que en la península la
empresa ha enviado ya a dependencias policiales traductores
con antecedentes.
La central sindical manifiesta que “en el momento en que
entren los traductores no fiables en las comisarías y tengan
acceso a toda la información, la seguridad del Estado estará
en grave peligro” y recuerda que “la experiencia en otros
ámbitos de la Administración con empresas de este tipo nos
da la razón”.
“En la Audiencia Nacional Seprotec ya ha dejado de prestar
sus servicios de interpretación, al igual que en la oficina
de Asilo de Madrid”, apunta el sindicato.
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