En pleno revuelo sindical después de que la Ciudad barajase
anteayer la posibilidad de cambiar las normas establecidas
para el proceso de consolidación de plazas en la
Administración (las denominadas ‘oposiciones que se hacen en
casa’), el primer grupo de la oposición en la Cámara, UDCE-IU,
entró ayer en la polémica anunciado que pedirá todos los
papeles al respecto.
El primer grupo de la oposición en la Asamblea acusó ayer al
Gobierno del PP de haber organizado “un rosario de
enchufismo e ilegalidades en las contrataciones de la Ciudad
Autónoma con familiares de miembros del Ejecutivo y
simpatizantes del PP” y terció en la trifulca por las bases
del proceso de consolidación de plazas abierto, que prevé
que los candidatos puedan hacer parte de sus pruebas en
casa, anunciando que pedirá “los informes utilizados por el
Gobierno para su publicación y el de la Secretaría General
que advierte de la legalidad o no del proceso a los efectos
de determinar las responsabilidades políticas y legales
susceptibles de desprenderse”.
Si por la mañana fueron los sindicatos los que pactaron con
el viceconsejero de Recursos Humanos, Javier Díez Nieto,
solicitar otro informe a la Secretaría General que aclare el
desaguisado, por la tarde fue el grupo que comanda Mohamed
Ali el que anunció que seguirá con lupa tanto este proceso
como el de las contrataciones efectuadas a través del INEM.
“La anulación de las bases de consolidación denota la
nefasta política de contrataciones del Gobierno,
caracterizada por el oscurantismo, la polémica y las
irregularidades”, criticó UDCE-IU, que situó “al mismo
nivel” el caso de las bolsas de trabajo disueltas “donde el
único objetivo del PP era colocar a simpatizantes suyos”.
Además, la coalición criticó al Ejecutivo por “desoír” las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas; por “despilfarrar”
el dinero público y por no tomar medidas frente a la
“galopante crisis económica local”.
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