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Las últimas sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los
criterios a aplicar a la hora de escolarizar a los niños han
puesto de manifiesto que no es su lentitud lo único que hay
que arreglar en los tribunales españoles. Sin entrar a
valorar los argumentos jurídicos de sus resoluciones, que
hacen prevalecer el derecho de los padres a elegir el centro
que desean para sus hijos sin pararse siquiera a mirar los
criterios de baremación que suelen utilizar las
administraciones es simplemente inaplicable. ¿Cómo se puede
llevar ese auto a la práctica si, por ejemplo, todos los
padres de la ciudad autónoma decidiesen hacer valer ante los
tribunales su derecho a que sus descendientes estudien en el
colegio de los Agustinos? De ninguna manera. La decisión de
los magistrados viene, además, a embarullar aún más un tema
para que tampoco parece que se pueda encontrar una solución
lógica y coherente, conflicto que está haciendo aflorar
miles de triquiñuelas: el de quien defiende que sus hijos
pueden correr peligro por su profesión si acuden a
determinados colegios; el de quien utiliza sus contactos
para presionar a las autoridades competentes; el de quien
cuenta con la complicidad de un centro concertado para
recibir puntos de cualquier manera (no importa que uno no
tenga hermanos pues, con los contactos adecuados, se le
pueden adjudicar de tapadillo)... Además, este caso acarrea
un agravante más: la Junta ha puesto en tela de juicio la
independencia de la Sala que ha dictado la controvertida
sentencia sobre los procesos de escolarización recordando
que esa misma fue la que dictó en su momento varias
sentencias contra la asignatura de Educación para la
Ciudadanía. Es necesario que, por acuerdo interno de
unificación de criterios (porque además en este caso el
tribunal una cosa y lo contrario, como con los
empadronamientos de extranjeros en Ceuta), como propone el
presidente del TSJA, o por cualquier otra vía el Poder
Judicial abra un proceso de reflexión para acercarse a la
ciudadanía y a su realidad y recobrar credibilidad, como
pidió Garzón hace días.
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OPINIÓN / EDITORIAL
