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“La reunión mantenida el jueves entre el director gerente de
la GIED y los consejeros de Hacienda y Fomento de la Ciudad
Autónoma, Francisco Márquez y Juan Manuel Doncel, tuvo por
objeto impulsar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por la Ciudad en el II Convenio sobre la
transmisión de varias propiedades del Estado en el ramo de
Defensa”. Así resumió ayer, primero en su propia voz y
después a través de una nota de prensa, Adolfo Hernández las
conclusiones que él extrajo de su entrevista de anteayer,
sobre la que la Ciudad había dado una visión bastante más
exultante.
El asunto no llega ni a fricción siquiera, pero el ceutí,
nuevo director general de Política Interior según decidió
ayer el Consejo de Ministros, incidió ante los medios tras
reunirse con Fernández Chacón en que “el retraso desde el
año 2004 en la ejecución del II Convenio imposibilita que se
pueda poner en marcha nuevos convenios que permitan la
desafectación de suelo militar y los desarrollos
urbanísticos que sobre los mismos puedan efectuarse”.
Y es que, según destacó Hernández, “la demora en la
aprobación del Plan Especial que afecta al antiguo
acuartelamiento del Brull impide que se materialicen los
acuerdos suscritos, lo que a su vez retrasa la puesta a
disposición de Defensa de las parcelas necesarias para
completar el perímetro de la futura Base Única” y,
concatenadamente, “estas circunstancias difieren hacia el
futuro cualquier decisión sobre el traslado de cuarteles y
la adecuación urbanística de tan importantes instalaciones
militares”.
“Ayer”, dijo Hernández por el jueves, “se propuso adoptar un
método de cooperación entre las dos administraciones que
pueda contribuir en los objetivos de este proceso. Dicho
método consiste fundamentalmente en medidas que aceleren el
cumplimiento de esos compromisos, basados en la confianza
entre las partes y un trabajo eficaz que garantice las
actuaciones”.
Según sus previsiones, si todo marcha según lo previsto a
finales de este año deberían resolverse todas las trabas
que, de distinta naturaleza, bloquean a una y otra
administración y, de entrada, obligará ya a llevar el final
de la Base Única a 2012-2013.
“En la medida que dicho método produzca sus efectos podrán
abordarse otras cuestiones”, dijo el director saliente, que
abogó por “acelerar el cumplimiento de los compromisos
acordados para proponer otros posibles acuerdos”.
“Hablar de ello resulta imposible si no se cumplen los
compromisos anteriores, aunque confiamos en la buena buena
voluntad de ambas partes para lograr un proceso de
cooperación que en definitiva beneficie a todos los
ciudadanos mejorando en primer lugar las condiciones de
seguridad y defensa y posteriormente la liberación de suelo
hoy necesario para la Defensa”, concluyó.
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