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El 10 de enero del año pasado, en Madrid, donde coincidieron
con motivo de la celebración de la III Conferencia de
Presidentes autonómicos, los presidentes de Ceuta y Melilla,
Juan Vivas y Juan José Imbroda, pactaron sacar adelante tres
iniciativas legislativas: una para crear un fondo de
solidaridad con las dos ciudades autónomas; otra, para
aplicar la indemnización por residencia hasta un límite del
100% a jubilados y pensionistas y la tercera, para elevar al
50% y extender a todos los sectores la bonificación de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social, aunque con la
obligación de que los empresarios trasladen parte de ese
ahorro a las nóminas de los trabajadores.
Setenta y dos horas después, Imbroda llevó a su Consejo de
Gobierno estas dos últimas propuestas dándole una pequeña
vuelta de tuerca a esa “indemnización” (“si se puede llamar
así”, matizó el líder del Ejecutivo ceutí en rueda de
prensa) que en principio debía servir para “favorecer su
arraigo” en las ciudades autónomas.
Así, el pasado 11 de enero, exactamente un año y un día
después de la reunión inicial, el Boletín Oficial de las
Cortes Generales publicó la Proposición de Ley de adecuación
de las indemnizaciones por residencia del personal en activo
del sector público en la Ciudad de Melilla que, bajo la
forma de una iniciativa legislativa, le remitió Melilla.
En su exposición de motivos la Asamblea melillense recuerda
que la Ley 31/1965 sobre retribuciones de los funcionarios
de la Administración Civil del Estado facultó al Gobierno
para “modificar, suprimir o acomodar el régimen establecido
por la misma para las asignaciones por residencia de los
funcionarios civiles del Estado, en determinados ámbitos
territoriales, dentro del régimen general de
indemnizaciones”.
Además, señala que en el año 1971 se fijó un 100% de las
indemnizaciones por residencia del salario base que sufrió
“un retroceso” en los años ochenta que no varió hasta que,
con Aznar en La Moncloa, “se procedió de nuevo a la revisión
al alza de las cuantías de la indemnización por residencia
del personal del sector público de las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla”.
“Justo y necesario” ¿O no?
Para Melilla incrementar las cuantías actuales de la
indemnización por residencia hasta alcanzar, “en un período
de dos”, señala la iniciativa, el porcentaje del 100% de las
retribuciones básicas, es “justo” porque aumenta la
actividad económica en la ciudad y “necesario” para
compensar los “factores desfavorables” que acarrea la
extrapeninsularidad para contribuir al asentamiento de los
trabajadores públicos en ambas ciudades.
“Justo y necesario”. ¿O no? Con la iniciativa legislativa
sobre las bonificaciones a las cuotas empresariales de la
Seguridad Social en el cajón desde marzo de 2007, cuando le
dio su visto bueno el Pleno, y a punto de llegar al Congreso
(el próximo lunes), nada se ha sabido aún de la relativa a
la revisión del plus de residencia de los funcionarios.
Vivas aseguró ayer que la segunda iniciativa aún debía ser
estudiada a fondo por el Gobierno, la oposición y el Pleno y
reconoció que su Ejecutivo y el de Imbroda diferían en lo
que a la “secuencia” de la presentación de las iniciativas
se refiere, pero las diferencias al respecto entre ambas
ciudades no son sólo de fondo.
Según aseguraron ayer fuentes de toda solvencia próximas a
la Ciudad, por un lado el Gobierno ceutí no considera del
todo propicio presentar esa iniciativa, que obligaría a la
Administración a incrementar también sus gastos de Personal,
mientras reclama más financiación autonómica al Estado. Por
otro, teme que esta propuesta incrementase la distancia
entre ‘las dos Ceutas’: la funcionaria y el resto; la rica y
la otra.
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plus de residencia
