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La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras ha demandado
al INGESA por presunta vulneración de los derechos de
libertad sindical. La central se queja por que sus delegados
“carecen de información tan básica como las plantillas, su
dimensión y su proyección de futuro”. El juicio se celebró
el pasado martes y quedó visto para sentencia.
La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras recordó al
INGESA que la información es un derecho fundamental de todos
los trabajadores. “El conocimiento previo de los contenidos
de la norma reglamentaria o el acto administrativo es
esencial al objeto de poder informar a los representados,
elaborar ofertas y contraofertas para negociar”, explicaron
representantes de la central.
Desde Comisiones denuncian que desde hace años el INGESA
viene haciendo “caso omiso” a las distintas solicitudes de
información que desde el sindicato se han requerido, tanto
de manera verbal como por escrito.
El delegado de Comisiones Obreras en la Junta de Personal,
Ángel Lara, lamentó que los representantes de los
trabajadores no posean información sobre cuestiones “tan
básicas” como las plantillas, su situación, dimensión y
proyección de futuro; la organización del trabajo y su
justificación, los planes de formación, etc.
La negación de información señalada por Comisiones “viene de
largo”, según Lara. El sindicato ha presentado como pruebas
12 solicitudes documentales de información sin respuesta que
datan de 2006 hasta ahora.
Según precisan, esta situación ha sido denunciada ante las
altas instancias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
en distintas mesas sectoriales y grupos de trabajo.
“Es ante la actitud permanente de negación del Derecho de
Información por la que el sindicato se ha visto obligado a
recurrir a los tribunales”, precisó.
Lara no concibió la actitud manifestada por la cúpula
directiva del INGESA: “Es vergonzoso que nos nieguen
información cuando ellos han sido también delegados
sindicales”.
La intención del sindicato es que con la sentencia el propio
juez establezca un plazo máximo para la entrega de la
información solicitada por los representantes sindicales.
“Que sean quince días, veinte o un mes, pero que haya un
tope”, apostilló Lara.
Este entendió que en caso de caer la balanza de la Justicia
del lado de la central “será un duro mazazo para el INGESA”.
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