|
De chivatos el juez Javier Gómez Bermúdez, que se las tuvo
tiesas más de dos y tres veces durante el juicio del 11-M
con Rafá Zouhier, que prefería hacerse llamar confidente,
sabe un rato. Ayer, al cerrar su ponencia en la UNED sobre
la Ley Orgánica 13/2007 que amplía la jurisdicción española
para perseguir los delitos vinculados a la inmigración
ilegal fuera de nuestras fronteras, el carismático
magistrado hizo un alegato para fomentar las confesiones y
erradicar el turbio negocio: que quienes delaten a las
mafias obtengan sus papeles.
En una intervención que se prolongó durante cerca de una
hora y cuya asistencia de público perjudicó sensiblemente lo
madrugador del programa (arrancó a las 9.00 horas), el
presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,
Javier Gómez Bermúdez, abogó ayer en la UNED, adonde acudió
para pronunciar una conferencia titulada ‘Tratamiento de los
delitos cometidos fuera del territorio nacional: análisis de
la última reforma legislativa’ en el marco del curso sobre
el Tráfico Ilegal de persona, porque la legislación española
abra la puerta a la concesión de “beneficios
administrativos”, esto es, a regularizar su situación en
España, a aquellos inmigrantes que colaboren “de forma
activa, efectiva y constatable” con las Fuerzas de Seguridad
y la Justicia española para la desarticulación de las mafias
internacionales de la inmigración irregular.
“A los arrepentidos se les pueden conceder beneficios
penales”, reflexionó el juez, quien se preguntó por qué no
hacer lo mismo para promocionar que sean los propios
inmigrantes quienes pongan en un brete a las mafias.
Bermúdez abordó durante su ponencia el alcance y
consecuencias de la aplicación de la Ley Orgánica 13/2007
para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la
inmigración clandestina de personas y defendió la
oportunidad que da a los jueces españoles de investigar más
allá de territorio español, aunque negó que esta norma
convierta a España en “gendarme” mundial contra la
inmigración irregular.
“La ley nos interesa porque permite a la Justicia española
enjuiciar estos delitos en supuestos como aquellos en los
que se trata a las personas de una forma inhumana o cuando
se tiene conocimiento de un delito para evitar que se cometa
otro grave dentro de nuestro país”, explicó el magistrado,
quien recordó que el legislador “tiró” del ejemplo de las
pateras y cayucos que se suelen interceptar en aguas
internacionales para elaborar y justificar su texto.
Un avance “importante”
“Se trata de una avance muy importante porque demuestra el
interés del legislador por perseguir a las mafias y porque,
aunque no se llegue a juzgar a los autores de los delitos,
reduce espacios de impunidad a nivel mundial, ya que con
órdenes de búsqueda y captura internacional se logra que las
mafias se enclaustren en los países donde operan,
generalmente pobres, donde tienen pocas oportunidades de
utilizar lo que ganan con el tráfico de personas”, razonó
Gómez Bermúdez.
Además, el magistrado defendió la necesidad de incluir la
persecución de estos delitos entre las competencias de la
Audiencia Nacional “para mejorar la operatividad de su
seguimiento” y se mostró partidario de que no se sancione
penalmente a los inmigrantes que entran en España, algo que
sí se hace en otros países como Francia.
El magistrado repasó, además, la novedad legislativa
española de noviembre pasado a la luz del derecho
internacional en el marco de los protocolos de la
Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea
para explicar los matices jurídicos entre inmigración
clandestina, entendida como traslado consentido de personas
por terceros a cambio de un beneficio económico y tráfico
ilegal de personas, con fines de explotación sexual o
laboral.
|
|
Un cambio frente al “inabarcable flujo migratorio a nuestro
país”
La Ley Orgánica 13/2007 para la
persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la
inmigración clandestina de personas, sobre la que ayer versó
la intervención del juez Gómez Bermúdez en la UNED justifica
en su exposición de motivos su aprobación como una forma de
hacer frente, “a la vista del inabarcable flujo migratorio
en nuestro país”, a la necesidad de “enjuiciar” los delitos
que lleva aparejados “la inmigración clandestina o el
tráfico ilegal de personas” en tanto que “resulta
ciertamente difícil dar el necesario trato digno a los
inmigrantes y proteger plenamente sus derechos humanos”. “El
tráfico ilegal y la inmigración clandestina de personas se
encuadra entre los delitos caracterizados no sólo por
atentar contra valores de carácter humanitario considerados
esenciales por la Comunidad Internacional, sino también por
la tradicional impunidad derivada del escaso empeño mostrado
habitualmente en su represión por los Estados con más
directos vínculos de conexión”, resume la situación el texto
legislativo.
|
el PRESIDENTE
DE LA SALA DE LO PENAL EN LA UNED
