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El consejero de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
Francisco Márquez, no lleva en su maletín para la reunión
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana en la
que se abrirá el debate sobre el nuevo modelo de
financiación autónomica solamente reclamaciones de mayores
transferencias. Márquez asegura que “una de las opciones”
para garantizar la suficiencia financiera de la
Administración autonómica pasa por su acercamiento a las
condiciones por las que se rigen las comunidades de régimen
general, que actualmente ya reciben una parte de la
recaudación del IRPF o el Impuesto de Sociedades, de los que
ninguna de las ciudades autónomas percibe o gestiona
actualmente porcentaje alguno.
• Bajo el indefinido epígrafe de ‘Perspectivas económicas y
financieras de la legislatura’ y sin mayor concreción, el
Gobierno de España abrirá mañana a instancias del
superministro de Economía, Pedro Solbes, que es quien
convoca, el debate sobre el nuevo modelo de financiación
autónomica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al
que asistirá en representación de la Ciudad Autónoma de
Ceuta su consejero de Hacienda, Francisco Márquez.
“Se supone que, aunque sea con un planteamiento muy amplio,
ese punto, el décimo y penúltimo del Orden del día de la
reunión, servirá para que tanto el Gobierno central como los
representantes autonómicos, expongamos nuestra posiciones
sobre el que debe ser el nuevo marco de financiación de las
Autonomías para los próximos años”, explica Márquez, que
desde hace unos días maneja el informe encargado por el
Gobierno ceutí a Deloitte para defender con un estudio
“independiente y riguroso” sus reivindicaciones financieras
a Papá Estado.
Básicamente, como ya han explicado el consejero y el
presidente Vivas en varias ocasiones, Márquez defenderá
mañana que si bien es cierto que durante los últimos diez
años tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han sido
“sensibles” con Ceuta en lo que a inversiones,
transferencias y modificaciones legislativas presupuestarias
se refiere, la Ciudad precisa de otro marco en el que se
atiendan específicamente sus “singularidades”.
“Queremos contribuir a encontrar una solución global para
todo el Estado”, puntualiza Márquez, “pero también que
atienda las singularidades de Ceuta teniendo en cuenta que
esta es la primera oportunidad que tenemos para revisar el
modelo vigente y que el que se pacte será al que nos
tengamos que adaptar a medio y largo plazo”.
El modelo de financiación autonómica actual se aprobó por
unanimidad en julio de 2001, después de seis meses de
negociaciones, y entró en vigor el 1 de enero de 2002. Para
su puesta en marcha se modificaron algunos artículos de la
LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas), de la de Cesión de Tributos del Estado a las
Comunidades Autónomas y la que regula el Fondo de
Compensación Interterritorial (FCI). Además, se actualizó la
Ley General de Sanidad y el Texto Refundido de la Ley de
Seguridad Social, para la integración de la sanidad entre
los servicios públicos prestados por las comunidades y
permitir la participación de Ceuta y Melilla, que hace siete
años entraron por primera vez en el sistema, que fijó el año
1999 como base para la contabilidad y el censo de la
población.
Ahora, tanto Ceuta como la mayoría de gobiernos autónomos
defienden que el nuevo modelo debe ser lo suficientemente
flexible como para “adaptarse” a las circunstancias
económicas “sobrevenidas” que puedan darse en los próximos
años.
Principios básicos
Flexible. Y solidario, y que contribuya a la redistribución
de la riqueza y que persiga la prestación equitativa de los
servicios en todo el Estado. Esos son los principios básicos
e inexcusables que Ceuta exigirá en sus conversaciones con
el Gobierno central y el resto de Autonomías.
“Estamos expectantes ante la posición que adopte el Estado,
pero nuestra posición no está improvisada: tenemos los
deberes hechos”, advierte Márquez, a quien no le parece
reiterativo defender esos principios “de perogrullo”, sobre
todo sabiendo que en la misa mesa se sentarán comunidades
como la catalana que reivindican una negociación “bilateral”
con el Ministerio, una postura que a su juicio “no beneficia
a nadie”.
Por eso, dispuesta a contribuir a cerrar una posición global
pero convencida de que las peculiaridades de Ceuta aún no
están suficientemente atendidas, la Ciudad cuenta con el
respaldo de Melilla hacia sus posiciones teniendo en cuenta
que ambas comparten la misma lista de dificultades añadidas:
extrapeninsularidad, frontera terrestre con un país que no
es de la Unión Europea, escasez de suelo y recursos
naturales, alta densidad de población, elevados índices de
paro o población por debajo del umbral de la pobreza,
limitadas posibilidades de desarrollo económico...
Además del melillense, que se cerró en el último encuentro
de Vivas e Imbroda con sus respectivos consejeros de
Hacienda durante su último encuentro en Madrid, la Ciudad
buscará de inmediato la complicidad del PSOE y la Delegación
del Gobierno para que la suya no sea una postura
“partidista” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
“El presidente contactará con el delegado para informarle de
las conclusiones del informe externo encargado que debe
completar los elaborados por los funcionarios de la Ciudad y
para que nuestra posición vaya más allá del ámbito
partidista”, adelanta Márquez, que no suelta prenda sobre
los números de Deloitte, que reflejan en cifras concretas
ese “déficit estructural” que soporta Ceuta actualmente en
lo que a la prestación de servicios básicos y otras
variables se refiere.
Lo más que adelanta el consejero al respecto es que, en
cualquier caso las reivindicaciones de suficiencia
financiera al Estado de Ceuta no supondrán “ninguna quiebra”
para el sistema.
Varias posibilidades
Poco o mucho, el problema del debate que se abrirá mañana es
que todas las partes quieren más dinero, cada una con un
argumento distinto. Algunas como la Comunidad Valenciana,
Baleares o Cataluña quieren aumentar la ponderación de la
población, la inmigración, el esfuerzo fiscal o la renta per
cápita, mientras que otras como Aragón o Andalucía creen que
deben puntuar más otras variables como el territorio, el
envejecimiento o la dispersión.
El Gobierno de Zapatero ha mostrado su disposición a
contemplar, además de las cifras actuales de población (que
computan un 94% del criterio de reparto), otras variables
como la dispersión, la insularidad o la inmigración.
Por eso, ante semejante berenjenal, además de reclamaciones
Ceuta está dispuesta a ofrecer mayores corrresponsabilidades
acercándose al régimen general que enmarca la financiación
de todas las regiones excepto Euskadi y Navarra (de régimen
foral), Ceuta y Melilla.
“Una de las posibilidades es exprimir al máximo los recursos
propios, pero otra pasa por contar con mayores
competencias”, amplía Márquez. “Actualmente”, completa su
propuesta, “las autonomías de régimen común reciben una
parte de la recaudación de diferentes impuestos como el IRFP
o el Impuesto de Sociedades y nosotros no”.
Asumir, con corresponsabilidad fiscal, la recaudación de
estos impuestos debería ser compatible con otras
transferencias que, sin pertenecer estrictamente al modelo
de financiación autonómica, sí percibe “justamente” Ceuta,
como la que subvenciona la desalación de agua o el
transporte de los Residuos Sólidos Urbanos a la península.
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Estabilidad, suficiencia, autonomía, solidaridad,
coordinación y participación
El actual sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común, vigente desde
el día 1 de enero de 2002, fue aprobado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas en
su reunión del día 27 de julio de 2001 y se inspira en los
principios de generalidad, estabilidad, suficiencia,
autonomía, solidaridad, coordinación y participación en la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y en los
Tribunales Económicos Administrativos de ámbito regional. El
modelo de financiación de las Comunidades Autónomas. ha ido
configurándose en distintas fases, apostando progresivamente
por la “corresponsabilidad fiscal”, en lugar de financiar a
las Comunidades a partir de una simple participación en los
ingresos estatales. La corresponsabilidad ha surgido como
consecuencia de la asimetría existente entre la autonomía
financiera sobre el gasto que poseían las Comunidades
Autónomas y la escasa autonomía sobre sus ingresos, al
provenir estos, en origen, de transferencias estatales.
Además de los de Sucesiones y Donaciones; Patrimonio;
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados... las Comunidades gozan de una ‘tarifa
autonómica’ del IRPF (33%), con competencias normativas en
materia de tarifa y deducciones.
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nuevo modelo de financiación
autónomica
