La carta arqueológica subacuática sobre los puntos de
prospección llevados a cabo en el litoral ceutí reposaba por
fin ayer en una de las mesas de la nueva sede de Patrimonio
Cultural de la Ciudad. Los arqueólogos de la empresa
malagueña Nerea, dedicados a tasar los yacimientos ocultas
bajos las aguas del Mediterráneo en estta ribera, han
finalizado la memoria de los trabajos. Las últimas
pinceladas a esta recopilación de información fue una
titánica tarea de semanas efectuada por siete operarios de
la empresa cuyo gerente, Javier Noriega, aseveró que los
medios de comunicación harán de altavoces para todo este
logro tras apreciar ‘in situ’ de la observación de los
yacimientos submarinos durante un paseo en barco.
Proteger el patrimonio
“Se trata de unos estudios necesarios”, según Noriega, si
tenemos en cuenta que en España existen cerca de 8.000
yacimientos de este tipo, en buena medida barcos hundidos -o
pecios- que en el caso de Ceuta abarcan diversas épocas:
desde griegos y romanos, hasta los imponentes galeones de la
España moderna, algunos de ellos todavía cargados de oro y
plata. Caso excepcional en Ceuta es el de los navíos de
guerra ‘L´Assure’ y ‘Le Sage’, pertenecientes a la escuadra
naval francesa, que en 1692 se hundieron a consecuencia del
naufragio que tuvo lugar en los islotes de Santa Catalina.
La carta arqueológica es algo “parecido a un Plan de
Ordenación de los fondos marinos”, tiene una importancia
vital para el conocimiento y protección del patrimonio
hundido en el Mediterráneo. “Es el punto cero para empezar a
trabajar, planteando actuaciones. Se trata, además, de un
“revolucionario modelo de control del patrimonio”, puesto
que, a día de hoy, “tan sólo Cataluña y Andalucía poseen una
carta de estas características”, según Noriega.
De esta forma, se pueden prevenir “ataques” de los piratas
de la arqueología, aquellas personas o corporaciones, tanto
nacionales como internacionales, que dedican sin escrúpulos
sus esfuerzos en tomar del fondo del mar estos tesoros de
épocas pasadas, una práctica no permitida por la normativa
española.
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