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Andalucía, junto con Cataluña,
Madrid y Valencia, es una de las comunidades autónomas con
mayor índice de denuncias por violencia escolar. El Informe
Violencia Escolar: el maltrato entre iguales, elaborado por
el Defensor del Pueblo, recoge que los insultos han
disminuido pero las amenazas graves han aumentado… La
depresión es la causante del 6,7% de las bajas de los
profesores. En el resto de países del entorno europeo y
Latinoamérica el problema es similar.
Andalucía ya se ha puesto mano a la obra. El deterioro de
las relaciones entre profesores, alumnos y padres, y los
episodios de violencia graves registrados en los últimos
años, han empujado a la Junta a aprobar un decreto con
medidas para promocionar la cultura de paz en los centros
públicos y concertados, después de un amplio debate y de
varios intentos por minimizar el problema. Este marco
incluye medidas ya puestas en marcha por algunos equipos
directivos, de forma voluntaria y anticipada, pero supone un
respaldo jurídico para los afectados, ya que tipifica con
claridad qué conductas son contrarias a las normas de
convivencia, si el perjuicio que ocasiona es leve o grave y
cuáles son las correcciones o sanciones que se deben
aplicar.
Entre las conductas contrarias a las normas de convivencia
se encuentran: perturbar el funcionamiento de la clase, no
colaborar en las actividades de forma sistemática, impedir
que los compañeros estudien, llegar tarde, ausentarse del
aula sin justificación, ser desconsiderado con el personal
educativo o causar daños.
A la hora de aplicar las medidas correctoras, se tiene en
cuenta la edad y circunstancias familiares y sociales del
menor y se puede expulsar por tres días al alumno si comete
tres faltas leves tipificadas. En otros supuestos más
graves, los directores están habilitados para decidir si el
alumno debe dejar de estar matriculado en el centro. Hay
unos plazos de información e instrucción y el afectado puede
recurrir.
Todos los consejos escolares deberán contar con un plan de
Convivencia más amplio, cuyo objetivo es articular unos
protocolos de actuación que permitan detectar situaciones de
riesgos, exista o no un nivel alto de conflictividad en el
centro. En este sentido, se intenta que los centros tengan
autonomía para ello, pues son quienes conocen mejor el
entorno del alumnado y sus problemas específicos.
Todo ello a la práctica mediante un Observatorio para la
Convivencia Escolar. Es un órgano consultivo donde están
representados los miembros de la Administración, agentes
sociales, patronales, alumnado, padres y expertos de
prestigio. La intención es que no sea un mero espectador,
sino que realice estudios para ayudar a los centros y
aportarles documentación.
Ya, en Andalucía, algunos centros han puesto en marcha el
Plan Específico de Convivencia. Una de las primeras
iniciativas de algunos de ellos ha sido la creación de la
llamada “aula de convivencia”, para disminuir el clima de
violencia en las aulas. En dicho aula, cuando se produce en
el centro un conflicto menor, y es observado por otro
alumno, éste invita a los “contendientes” a que reflexionen
sobre el origen del enfrentamiento, generalmente verbal, y
que sean ellos los que den solución al conflicto.
Un instrumento legal en los centros es el “parte” de
denuncia, documento con el que se inculpa a un alumno. Lo
deben firmar los padres, y si se acumulan tres, es objeto de
falta grave. Es una forma para controlar la indisciplina,
pero también “prescriben” y hay veces que la única solución
es la expulsión, que si es temporal, acrecienta el problema
y si al expulsado se le cambia de centro, la modificación de
conducta no se produce: continua lo mismo que en el centro
de origen.
La obligatoriedad impuesta por la LOGSE de estudiar hasta
los 16 años, ha dado lugar a la aparición de los conocidos
como “objetores escolares”. No se puede obligar a quien no
quiere estudiar y, en general, para los alumnos es muy
difícil buscarles una salida. A veces, el refuerzo en las
horas lectivas, puede significar un instrumento útil para
conseguir motivarlos. Cuando no se consigue el efecto
deseado el alumno abandona.
En algún centro se ha introducido la figura del “alumno
ayudante”, como mediador, aunque se corre el riesgo de
considerarlo como un “infiltrado del profesorado”, cuando lo
que representa es un compañero capacitado para detectar
problemas en su grupo, que sabe escuchar y que es capaz de
ayudar a quien esté solo o no tenga amigos. Los alumnos
elegidos como “ayudantes” necesitan de un período breve de
preparación y son colaboradores para mejorar la convivencia
en el Centro. Se sugiere que cada grupo-clase se encuentre
un “ayudante” ya que su convivencia con el mismo es
fundamental, lo mismo que su presencia en los recreos.
Pero, ¿es solución que intervenga la justicia? Algunos
juzgados han comenzado a dictar órdenes de alejamiento para
proteger a las víctimas del acoso escolar. Unos juristas
están convencidos de que la solución es que la Justicia
trabaje de la mano con Educación. Y se considera que los
centros escolares deben tener grupos de psicólogos, porque
la expulsión, sin más, no es solución.
En todos los centros de nuestra ciudad se está trabajando en
la elaboración de un Plan de Convivencia para su puesta en
marcha el próximo curso. He tenido acceso al que está ya
finalizado en el Colegio Público “Maestro Juan Morejón”,
donde el coordinador del Plan, se muestra muy ilusionado con
el trabajo elaborado.
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OPINIÓN / EL MAESTRO
