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Después de más de veinte años como dirigente de la Unión
General de Trabajadores (UGT) en Ceuta, Antonio Gil (Ceuta,
1954) asume la responsabilidad de escenificar la fractura de
la unión sindical con la central hermana, Comisiones
Obreras. El secretario general ugetista hace un repaso a un
año sindical que cree que ha sido “bueno” gracias a las
iniciativas llevadas a cabo por el gobierno socialista en
Madrid. Otra cosa es lo que opina de la Administración
Local, a la que pide que tome conciencia de la alta
precariedad laboral y deje a un lado el nepotismo en las
sociedades municipales que dependen de ella. “La oposición
política se debe meter a saco en estas denuncias”, solicita
Gil.
Pregunta.- ¿La situación para el sindicalismo en este 1
de mayo es mejor que la del año pasado?
Respuesta.- Creo que la situación es buena, porque con este
gobierno socialista hemos avanzado en derechos y tenemos
garantizada la negociación colectiva como un elemento muy
útil. El Gobierno deja hacer a las partes sindical y
empresarial y favorece acuerdos. Anteriormente no sucedía lo
mismo. Es un buen paso. Se ha avanzado en derechos con la
Ley de Igualdad y la Ley de Dependencia, que no sólo
pretenden favorecer a unas familias desfavorecidas, sino que
además son un yacimiento de empleo. No obstante, habrá que
perfeccionarlas con más dotación presupuestaria. Lo que no
nos gusta tanto es la desmotivación que venimos comprobando
entre la ciudadanía. En un estado de bienestar hay que
seguir avanzando.
P.- ¿Y respecto a la Administración local?
R.- La Administración local se tiene que poner las pilas,
tomar conciencia de una vez por todas de la situación en la
que se encuentra y pactar con las organizaciones sindicales
en favor del empleo estable y dejar de un lado la práctica
de precariedad laboral. La negociación de un convenio único
para las empresas municipales es importante y nosotros hemos
propuesto el de personal laboral del Ayuntamiento. Hay que
poner también toda la carne en el asador para que Ceuta
tenga un tejido productivo más estable, no tan dependiente
del de Marruecos. La Ciudad tiene que favorecer la inversión
pública e incentivar la privada. Esto es fundamental para la
economía y el empleo.
P.- Pero ¿tiene dinero el Gobierno de Ceuta para aplicar
el convenio de personal laboral del Ayuntamiento a los
trabajadores de todas sus sociedades municipales?
R.- Yo creo que no. No tiene dinero. Es una reivindicación
muy lógica y no vamos a cejar en conseguirlo, pero habrá que
hacerlo gradualmente. La Ciudad se tendrá que plantear
también qué empresas son las que tiene, qué grado de
eficacia y qué dimensión deben de tener. Nosotros estamos
dispuestos a trabajar con la Ciudad en este asunto.
P.- En la calle se dice que estas empresas municipales se
han convertido en un coto para los trabajadores afines al
Gobierno.
R.- Eso es así. Con toda la rotundidad del mundo. Pese a que
nosotros denunciamos, nos encontramos con serias
dificultades para demostrar lo contrario. Además con un
descaro asombroso. Este Gobierno se tiene que sentar con las
organizaciones sindicales y abordar todos estos temas. Están
privando al resto de los ciudadanos de un derecho y están
convirtiendo las sociedades municipales en un coto privado.
Hay que hablar y mantener un principio de lealtad. No se
pueden acotar parcelas para allegados y familiares.
P.- ¿Por qué el desempleo en Ceuta está tan por encima
del de la península?
R.- Las posibilidades económicas de Ceuta no son las mismas
desde que Marruecos no tiene la dependencia que tenía de
nosotros. La política liberalizadora de Marruecos está
compitiendo con Ceuta. Ya no tiene tanta necesidad de
importar a través de esta ciudad. La economía decae y decae
también el empleo. Otra de las dificultades que tiene Ceuta
para desarrollarse es la carestía del transporte marítimo.
No debería costar más que lo que se paga en una autopista de
peaje en un tramo parecido. El paso del Estrecho no puede
convertirse en una barrera insalvable que no sólo encarece
los productos hacia Ceuta, sino que impide la llegada de
turistas. Ceuta es además un paso hacia Marruecos. La
extrapeninsularidad deberíamos aprovecharla, en lugar de ser
una dificultad para el desarrollo.
P.- Con la subida del IPC, ¿están perdiendo los
trabajadores demasiado poder adquisitivo?
R.- Hay que conseguir bastantes metas. Una de ellas es la
recuperación del poder adquisitivo. Es un elemento que hay
que tener en cuenta y por el que vamos a luchar este año.
Todo parece indicar que la crisis impida que se aborde
inmediatamente, pero parece ser que el Gobierno estaría
sensible a este respecto.
P.- ¿El conflicto laboral en Justica lo ganó el Gobierno
central en tanto en cuanto los trabajadores estuvieron dos
meses de huelga y no se consiguieron los mínimos?
R.- Creo que han perdido los ciudadanos, porque se han visto
afectados. Se ha producido un verdadero atasco en la
Justicia y se han retrasado procesos que se tenían que haber
celebrado. Aquí nadie ha ganado ni perdido. Esta huelga se
tenía que haber evitado. Sí es verdad que cuando había
transcurrido un mes estuvieron muy cerca del acuerdo, justo
antes de las elecciones, y fue una oportunidad perdida.
Tenemos que pensar que los compañeros lo han hecho con la
mejor intención, pero sé que alguna cabeza sí que ha rodado.
En definitiva, se ha producido un acercamiento a aquellas
autonomías que tienen un mayor salario. Es lo mismo que
ocurre con las empresas municipales, que unos tienen un
salario más bajo que otros. La huelga en Justicia era de
sentido común.
P.- En el conflicto de Urbaser, ¿no es sorprendente que
la portavoz del Gobierno intervenga en una negociación entre
una empresa privada y sus trabajadores y acabe poniendo el
dinero para evitar la huelga?
R.- Al final siempre pone el dinero el Ayuntamiento. No
tengo la información de cuánto percibe Urbaser, qué
beneficios tiene, si está por encima del beneficio
industrial, las ventajas que tiene. Lo que sí me preocupaba
es que las reivindicaciones de los trabajadores salieran
adelante y no me pareció mal la intervención de la consejera
acercando las posiciones de los empleados y la empresa. Se
consiguió un buen convenio colectivo del sector de la
limpieza pública viaria. Creo que la oposición política
debería meterse a saco en cuánto se lleva la empresa y qué
posibilidades tenía de hacer frente a las reivindicaciones
salariales.
P.- ¿Pero en lugar de pagar la empresa, la presión fiscal
se traslada a la ciudadanía al costear la Ciudad la subida
por encima del IPC ?
R.- Por la experiencia que tengo, no es la única vez que
esto pasa. Lo hizo el gobierno del GIL y ahora el del PP.
Creo que en el momento en el que se planteó la huelga iba a
tener un impacto bastante fuerte, al ser en Semana Santa. La
intervención de la Ciudad evitó males mayores, pero
evidentemente esto tiene que tener un límite.
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entrevista
