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El secretario general de UGT, Antonio Gil, y el ex director
de la Seguridad Social en Ceuta, José Carlos Iribas,
comparecieron ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 por la
querella que el último había interpuesto contra el primero
por un delito de injurias. Los hechos se remontan al 30 de
mayo de 2005, cuando Gil publicó un artículo de opinión en
el que afirmaba que Iribas estaba imputado en una causa tras
su paso por la Delegación del Gobierno de Navarra, algo que
este negó.
El secretario general de UGT, Antonio Gil, se enfrenta a una
multa de siete meses y una indemnización de 30.000 euros que
podría pagar a José Carlos Iribas, ex director provincial de
la Seguridad Social en Ceuta y actual administrador del
Hospital Español en Tetuán. Así lo pidió ayer la acusación
particular en la vista oral que se celebró en el Juzgado de
lo Penal número 1 de Ceuta aunque el caso quedó visto para
sentencia.
Los hechos se remontan al 30 de mayo de 2005, cuando Gil
publicó un artículo de opinión en el que hablaba de los
nombramientos de Iribas y el ex delegado del Gobierno Luis
Vicente Moro en cargos de libre designación tildándoles como
imputados en alguna causa con la Justicia. Sin embargo, el
por entonces delegado del Gobierno de Navarra denunció al
secretario general de UGT por un presunto delito de
injurias, ya que alegaba que no había sido llamado por
ningún tribunal por asunto alguno.
Gil defendió su postura alegando que tenía conocimiento de
una denuncia que un funcionario de la Delegación del
Gobierno navarra había interpuesto contra Iribas en el año
2005 en los juzgados de Pamplona. Sin embargo, este comentó
que hasta el momento no le ha llegado ninguna citación sobre
esta causa e incluso declaró ante el tribunal que “no me he
enterado de esto hasta el día de hoy”. Además, Iribas afirmó
que “la primera noticia que tuve sobre mi imputación fue a
través del periódico”, así que “fui a mi abogado y este
interpuso una querella”.
Sin embargo, la defensa del acusado se refirió a la libertad
de expresión, así como al hecho de que “los diarios navarros
se hicieron eco de la querella previa que se había
interpuesto contra Juan Carlos Iribas en su etapa como
delegado del Gobierno en esta comunidad”. Por todo ello,
solicitó la absolución de su defendido. A esta petición se
unió la de la Fiscalía, que también pidió la libertad sin
cargos para el secretario general de UGT atendiendo al
razonamiento de que “en este caso prevalece el derecho a la
libertad de expresión por encima del derecho al honor”.
Además, la Fiscalía señaló que “hay que tener en cuenta el
contexto y las circunstancias en las que se produjeron estos
comentarios, ya que se trataba de un artículo de opinión
publicado en un diario”.
Por último, la acusación particular exigió a Antonio Gil una
indemnización de 30.000 euros para José Carlos Iribas,
además de una multa a pagar durante siete meses por la
cantidad que el tribunal estime oportuna. También pidió una
publicación de la sentencia en el mismo medio y las mismas
condiciones en las que apareció el artículo de opinión que
generó la controversia. El letrado de la acusación se apoyó
en que “no se hablaba de opiniones, sino de hechos
concretos”.
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juicio
