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La simple adhesión de las empresas de transporte marítimo
Acciona Trasmediterránea y Baleària-Buquebus determinaría
que las reclamaciones interpuestas por los consumidores se
resolvieran en “un tiempo inferior y con menor coste que a
través de procedimientos judiciales”, aseguraron fuentes de
la Consejería de Consumo, que fecharon en seis meses el
tiempo mínimo para que se pueda llegar a la resolución de
una reclamación de este tipo por el tratamiento
convencional.
Euroferrys es la única empresa de las navieras que se
encuentra actualmente adherida a la Junta Arbitral de
Consumo, un organismo que permite que cualquier tipo de
proceso se pueda resolver por la vía administrativa,
esquivando la lentitud de la burocracia judicial y que evita
que los denunciantes se vean ante el imperativo de
desembolsar los costes que conlleva un trámite por la vía
judicial.
El arbitraje de Consumo, amparado por la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios encomendó al Gobierno el establecimiento de un
sistema arbitral que resolviera con carácter vinculante y
ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de
los consumidores o usuarios sin tener que llegar a
tribunales. Y es que será pocos los ciudadanos que se puedan
permitir la contratación de un abogado para reclamar los 13
euros de un billete de residente, en caso de cancelación del
trayecto.
Tiempo de espera
Las 17 reclamaciones interpuestas en la actualidad hacia las
navieras Acciona Trasmediterránea y Baleària tardarán “entre
seis meses y un año en resolverse”, según afirmaron fuentes
de la Consejería de Consumo, que expresaron además que “las
que menos tardarán en solucionarse son las correspondientes
a la compañía Euroferrys, que es la única que está adscrita
a la Junta Arbitral de Consumo”. Estas mismas fuentes
añadieron que “también se podrán agilizar y sin coste para
el usuario” si estuvieron adheridas a este ente.
Sin embargo, no se puede obligar a una empresa a entrar a
forma parte de esta junta, puesto que el ingreso en este
estadio es una iniciativa absolutamente voluntario, según
informa la constitución de este procedimiento.
En caso de que no lo hagan, la oficina de Consumo de la
Ciudad “tendrá que demostrar que se ha producido una
infracción administrativa y abrir un expediente
sancionador”, sanción que busca “castigar y prevenir para
que la compañía no vuelva a acometerla”. La multa más
cuantiosa que llegó a una naviera desde el departamento de
Consumo fue de 1.500 euros, una cantidades inapreciable si
se comparan con la sanción tipificada como “muy grave” que
superaría los 600.000 euros.
En el caso de retrasos o cancelaciones de trayectos, “es
significativo” que el primer caso haya durado horas y que el
segundo haya ocasionado “daños importantes”. Durante el mes
de marzo y por “causas técnicas”, la Acciona canceló un
total de 16 rotaciones y cinco en abril; Euyroferrys no
registró ninguna por fallos técnicos, mientras que la
naviera alicantina Baleària registró cinco en marzo y siete
en abril.
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