La Ley de Dependencia supuso una mejora sustancial para la
tercera edad, en cuanto al reconocimiento de una serie de
prestaciones como la atención en el domicilio y el respaldo
a la actividad de los cuidadores, tanto profesionales como
de la propia familia. Sin embargo, al margen del gran paso
dado en materia social, la normativa carece de fundamento
psicológico para apoyar sus preceptos, algo que ponen de
manifiesto desde el Colegio de Psicólogos de Ceuta. Para el
presidente de este organismo, Juan Delgado, la Ley de
Dependencia “constituye un paso esencial para el desarrollo
de lo que se ha convenido en llamar ‘cuarto pilar’ del
Estado de Bienestar”. No obstante, Delgado también señala
que “el desarrollo de esta ley ha evidenciado una
despreocupación muy significativa por todos aquellos
aspectos psicológicos relacionados con la promoción de la
autonomía personal y la atención a las personas en situación
de dependencia”.
Para el representante del gremio en la ciudad, los
psicólogos deberían estar presentes y ser reconocidos
claramente en el desarrollos normativo, como en los Órganos
de Valoración, en la elaboración del Programa Individual de
Atención (PIA) y en sus reajustes, en la configuración de
los servicios incluidos en la Cartera de Servicios, en la
formación y en el desarrollo de programas de cuidado a
cuidadores. Asmismo, también pide representación en “el
sistema de acreditación, establecimiento de estándares y
parámetros que verifiquen la calidad tanto de los servicios
como de los procesos, y en los programas de investigación y
desarrollo vinculados a la dependencia, por supuesto”. Pero
desde el Colegio de Psicólogos inciden en que “estos
profesionales, altamente cualificados en el ámbito de la
Dependencia y poseedores de una elevada experiencia laboral
en los últimos veinte años, ni siquiera fueron llamados en
su momento a consulta, y mucho menos a participar en la
elaboración y tramitación de la Ley”. Poco más de un año
después de su promulgación, las cosas parecen no haber
variado mucho.
Baremos mal planteados
Con respecto al baremo de valoración de la situación de
dependencia, este se divide en tres clasificaciones que se
le otorgan al paciente una vez analizado su caso: moderado,
severo y gran dependencia. No obstante, Delgado recuerda
que, según la propia normativa, este instrumento “debería
tener entre sus referentes la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF),
adoptada por la Organización Mundial de la Salud”. El
representante de los psicólogos ceutíes defiende en sus
planteamiento la valoración de los factores psicológicos
implicados en la dependencia no está presente. “Por ejemplo,
no se toman en cuenta aspectos neuropsicológicos y
cognitivos en general, ni los aspectos emocionales,
relacionales y actitudinales”. Además, añade que “el baremo
conlleva un enfoque valorativo netamente paliativo y
asistencialista, y esto entra en contradicción con el
espíritu de la propia ley”.
A todo esto hay que añadir que “la definición de las
condiciones de dependencia que presenta la escala es muy
restrictiva” afirma Delgado. “No aparecen ítems que se
correspondan con ámbitos definidos en la CIF sobre
aprendizaje y aplicación de conocimientos, tareas y demandas
generales, comunicación o relaciones e interacciones
interpersonales”. Para los psicólogos ceutíes tampoco se
define quién puede evaluar su formación, experiencia
profesional y cualificación.
Desde el Colegio de Psicólogos de Ceuta observan “cierta
arbitrariedad” en la asignación de pesos en los ítems y en
la ponderación de las áreas de funcionamiento. En
conclusión, “lo cierto es que nos encontramos ante un baremo
de valoración restrictivo, paliativo y asistencialista, que
olvida las recomendaciones de organismos internacionales que
sugieren un enfoque biopsicosocial” advierte Delgado.
Diferencias entre comunidades
En cuanto a los órganos de valoración, la Ley especifica que
serán las comunidades autónomas quienes se encargarán de
determinarlos. Sin embargo, “no se especifica en absoluto ni
su composición, ni su estructura y, en todo caso, se afirma
que será el propio Consejo Territorial quien deberá acordar
unos criterios comunes de composición y que ésta tendrá
carácter público” explica el decano del Colegio de
Psicólogos ceutí. Esta “falta de definición por parte del
legislador” ha provocado “la existencia de diferencias
significativas entre las legislaciones autonómicas, al menos
en cuanto a la composición, estructura y formación de los
mismos se refiere”. En el caso de Ceuta y Melilla, la
normativa contempla que el equipo técnico de valoración
estará compuesto por un médico, un psicólogo y un titulado
medio del área sanitaria o social. Aunque esto queda lejos
de los equipos previstos para otras regiones Sin embargo, el
desarrollo normativo de este precepto legislativo lleva un
ritmo diferente en casa comunidad autónoma, “llegando a
establecerse diferencias de más de siete meses entre ellas”.
Por todo esto, Delgado afirma que “se evidencia una falta
general de homogeneidad, con el perjuicio y la
discriminación que ello puede provocar en las personas
dependientes de distintos lugares del territorio nacional”.
Desde el Colegio de Psicólogos se preguntan cómo se ha
podido crear esta situación, aunque el decano del organismo
explica que “la solución no es sencilla y, sólo puedo
atisbar algunos factores justificativos que creo subyacerán
en la lógica explicativa del problema”. Con esto, Delgado se
refiere “a las prisas del legislador para promulgar la Ley
en un momento determinado y a la necesidad de reducir los
costes económicos del desarrollo legislativo por medio del
empleo de un baremo fácil de aplicar por cualquier
profesional universitario”, en donde se “obvia claramente la
formación y perfil profesional adecuado, entre otros
aspectos”.
A pesar de todas estas valoraciones, desde el Colegio de
Psicólogos afirman que “no debemos ser pesimistas”. Así,
Delgado vaticina que “poco a poco, la propia sociedad irá
exigiendo e imponiendo las reformas adecuadas para la
solución de estos y muchos otros problemas relacionados con
la dependencia y finalizando con ello un proceso de
depuración que nos brinde una buena Ley”.
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