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Mientras el resto de la ciudad palpita al ritmo de las
novedades que se conocen sobre la posible reducción de las
unidades del Ejército en Ceuta, los 72 indocumentados de
origen hindú que el pasado miércoles huyeron del Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local para
refugiarse en el monte e intentar forzar así al Gobierno a
derogar las órdenes de expulsión que pesan ya sobre muchos
de ellos pasaron ayer su quinta noche a la intemperie bajo
el primer temporal de la primavera en el Estrecho.
Guarecidos bajo la estructura de las tiendas de campaña que
meses atrás construyeron la treintena de bengalíes que, por
el mismo procedimiento, lograron ser documentados y
trasladados a la península después de pasar más de tres
meses en las colinas que rodean el CETI, el grupo recibió
ayer el respaldo explícito a sus reivindicaciones de la
Comunidad Hindú ceutí, un colectivo con más de 100 años de
arraigo en la ciudad que agrupa a algo más de medio millar
de vecinos y que, a pesar de su escaso número, cuenta con un
considerable peso específico a nivel económico, político y
social en Ceuta.
Su presidente, Ramesh Chandiramani, fue uno de los primeros
a los que los inmigrantes hindúes recurrieron hace dos
semanas, cuando varias noticias aparecidas en la prensa
local sobre la posibilidad de su inmediata repatriación les
pusieron en alerta.
“Hace seis meses inauguramos el templo hindú local y desde
entonces viene siendo habitual que los inmigrantes que
comparten nuestra confesión religiosa acudan allí a rezar”,
explica Chandiramani. Con el roce, los hindúes ceutíes,
“especialmente las personas mayores”, dice, se
“concienciaron” de la situación del grupo de indocumentados
y exigieron a sus representantes que tomaran medidas para
impedir su devolución.
Chandiramani se reunió con el delegado del Gobierno para
conocer la versión oficial del asunto y las posibilidades de
repetir la actitud que Interior tomó con los bengalíes, un
precedente que la Delegación se ha arrepentido mil veces
durante los últimos días de haber sentado.
No obstante, la comunidad hindú tampoco ha descartado seguir
el mismo camino que en su momento tomó la comunidad bengalí
de Madrid y ponerse en contacto con sus homólogas del resto
de España con el propósito de, a través de sus contactos,
intentar conseguir ofertas de trabajo que pudiesen facilitar
la regularización de los setenta hindúes.
“Estamos a favor de la ley”
“Se les aplicará la Ley de Extranjería, que establece que
quien entra de manera ilegal en España debe ser devuelto a
su país de origen”, reiteró anteayer el delegado, que se
esforzó por dejar claro que “la actuación con los ciudadanos
de Bangladesh no se repetirá porque no tiene vocación de
continuidad alguna”.
Sin embargo, este distingo no se acepta entre los hindúes
ceutíes: “Estamos del lado de la ley, pero entendemos que
existen razones humanitarias que justifican hacer una
excepción con el grupo”, argumenta Chandiramani, que ha
delegado en varios compañeros el suministro de mantas,
víveres y otros artículos de primera necesidad para los
huidos, a quienes las instituciones han instado a volver al
CETI o, al menos, a utilizar sus servicios siempre que
quieran.
A cambio de ese gesto de “sensibilidad” la comunidad se ha
comprometido a que esta será “la primera y la última vez”
que se implique en un caso con estas características. “No
somos una oenegé y entendemos que el Estado tiene sus leyes
y sus procedimientos, pero muchos de estos inmigrantes ni
siquieran quieren quedarse en nuestro país, sino ir a
Francia o Inglaterra, donde tienen familiares”, expone
Chandiramani, que “comprende” que los indocumentados se
sintiesen “como en una cárcel” tras dieciocho meses en
Ceuta, en el peor de los casos, sin ninguna salida en
perspectiva.
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