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La viuda de un militar fallecido, Julia Regén, reclama poder
seguir arrendando la vivienda en el pabellón de las Fuerzas
Armadas que ocupa y cuyo contrato fue firmado por su marido.
Sin embargo, el Instituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas
le insta al abandono del inmueble bajo el amparo de la
actual Ley de Movilidad Geográfica para militares.
La viuda del militar a la que el Instituto de Vivienda de
las Fuerzas Armadas (INVIFAS) ha pedido que desaloje su
casa, Julia Regén, aseguró que “luchará hasta el final” para
intentar obtener el arrendamiento de la vivienda que
actualmente ocupa, ubicada en los pabellones militares de
las Puertas del Campo. Regén afirmó que “tienen que entender
que no tengo ninguna casa en propiedad, no tengo hijos ni
ningún sitio donde ir”, por lo que apeló a “causas
humanitarias” para que le permitan quedarse en la misma
vivienda que arrendó su marido hace unos dos años.
Sin embargo, la Ley 26/1999 de Medidas de Apoyo a la
Movilidad Geográfica de las Fuerzas Armadas contempla que a
la falta de la persona que realiza la carrera militar, su
cónyugue e hijos deberán dejar libre el inmueble, una
situación que antes no se producía. No obstante, tras el
fallecimiento del marido, Regén solicitó una subrogación del
contrato, la cual le fue concedida por el mismo organismo el
pasado mes de julio. No obstante, siete meses después, el
INVIFAS le enviaba una carta en la que afirmaba que debía
abandonar la casa, conforme a lo dispuesto en la ley, ya que
se trataba de un error.
Ahora, se han realizado alegaciones a este último documento
que aún no han recibido respuesta. La mujer aseguró que “si
me echan no tengo donde ir y con la pensión apenas me llega
para un alquiler”. Regén contó que “no tengo propiedades
porque mi marido y yo vivimos durante 21 años en un pabellón
militar en Melilla hasta que nos dieron este destino que es
el que siempre habíamos querido”. Por ello, alegó que
“llegaré hasta donde pueda y si no me pondré a recoger
firmas entre la gente”.
Su abogado, Victor Montero, reveló que “si finalmente Julia
es deshauciada, no dudaremos en poner este caso en los
tribunales”. No obstante, el letrado comentó que “la ley
está para interpretarla y siempre hay que tener en cuenta
las circunstancias de cada caso concreto”. Así, Montero
reveló que el caso de Julia no es único y que “hay más
personas en Ceuta que se encuentran en una situación
familiar”.
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desalojo
