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Dotar de un orden de prioridades
[de mayor importancia a menor] a los muchos problemas de
Ceuta cuya llave sanadora la guarda a buen recaudo la
Administración General del Estado, es complicado
ciertamente. Pero, ¿por dónde empezamos?, ¿por el elevado
nivel de fracaso escolar?, ¿por ‘colocar’ de algún modo a
los más de 6.000 parados que mal viven en la ciudad?, ¿o
definitivamente por favorecer a la economía productiva capaz
de generar empleo y recursos para la ciudad?.
La importación de mercaderías es objeto de acoso y no pocos
empresarios se han visto cuestionados como consecuencia de
una mala coordinación de la Administración. La Cámara de
Comercio lleva años, de reuniones en reuniones, con el
Ministerio de Hacienda para que comprendan que en muchas
ocasiones el hecho de no rellenar el famoso DUA no implica
contrabando. Mercancías que han sido comprobadas por los
llamados ‘vistas’ de Aduanas [guardias civiles], son
cuestionadas por el departamento de Hacienda procediendo a
la pertinente denuncia de contrabando. Situación que acaba
casi siempre en la sala de la Audiencia Provincial donde la
Fiscalia [Ministerio Público] reconoce de manera sistemática
la libre absolución del delito. Algo que, en tanto, no se
solucione en el origen [es decir, en Hacienda], al menos se
sabe que el compromiso estatal, en cuanto a la Fiscalía, es
el de atender estas circunstancias como ‘no delito’ [cosas
de la llamada Ley de Contrabando que habría que modificar].
Sin embargo, y de modo curioso, sorprendente y de
perplejidad, la Abogacía del Estado -nada menos- suele
recurrir sistemáticamente las sentencias absolutorias de la
Audiencia Provincial, con lo que el empresario se ve abocado
a acudir al TSJA y tentar a la suerte. Estas situaciones
provocan una indefensión de tal calibre entre los
propietarios del capital privado que muchos han preferido
asentarse en Canarias porque, con más peso político, estas
situaciones las tienen perfectamente superadas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
