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Los funcionarios de la Administración de Justicia cumplieron
ayer los dos meses y un día de huelga indefinida con las
esperanzas puestas en la primera Mesa de Negociación en la
que comparece el ministro en persona, Mariano Fernández
Bermejo. Sin embargo, los sindicatos en Ceuta se mostraron
inquietos por la tardanza en obtener un acuerdo, ya que al
cierre de esta edición el encuentro aún no había acabado.
El encuentro comenzó a las cuatro de la tarde en el despacho
de Fernández Bermejo. A la Mesa de Negociación acudieron los
responsables del organismo estatal, junto con los
secretarios de las Federaciones de Servicios Públicos de los
cuatro sindicatos y los representantes del sector de
Justicia, a excepción del de UGT. Sin embargo, a su llegada
al Ministerio de Justicia, Fernández Bermejo ya encontró a
las puertas del edificio público a un centenar de
trabajadores que le recibieron con pancartas y silbatos
reclamando una inmediata solución al conflicto.
Sin embargo, los sindicatos se mantenían inquietos, ya que
esperaban que la comparecencia del ministro en la Mesa de
Negociación agilizara la firma de un preacuerdo para acabar
con la huelga. Así, la representante de Justicia del
sindicato UGT en Ceuta, Victoria Carrero, comentó a última
hora que “todavía no hemos recibido ni una sola noticia de
lo que se está hablando en la reunión”.
En cuanto a la desconvocatoria de huelga por parte de UGT
tras el anuncio de la reunión, Carrero comentó que “a los
delegados de las comunidades no nos ha llegado ningún tipo
de comunicado que diga que desconvocamos las protestas, solo
tenemos el anuncio que se realizó de viva voz el jueves”.
Por tanto, la representante sindical espera impaciente los
resultados del encuentro personal del ministro con los
sindicatos, tras el que “espero que nos aclaren si seguimos
de huelga o no”.
Sin embargo, todo parece indicar que el principal escollo
para no alcanzar el acuerdo sigue siendo el tema económica,
aunque se desconoce si ayer se realizó una nueva oferta
económica. Los sindicatos continúan pidiendo la equiparación
salarial de 200 euros con los trabajadores de las
comunidades autónomas con las competencias de Justicia
transferidas. Por su parte, el Ministerio ha ofrecido hasta
ahora un máximo de 180 euros, aunque los planes de
recuperación del trabajo atrasado también pueden enturbiar
las negociaciones.
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