Tras ser conocido que en el Plan Integral de Residuos,
encargado por la Ciudad a la compañía Idom, se proyectaba la
creación de una incineradora, varias asociaciones
ecologistas comenzaron a unirse en una plataforma que
rechazó esta intención.
A principios de año los miembros de la plataforma anti-incineradora
tuvieron una reunión con el Presidente de la Ciudad, Juan
Jesús Vivas, y con la Consejera de Medio Ambiente, Yolanda
Bel, y en ella “nos dijeron que no se daría ningún paso sin
escuchar lo que teníamos que decir” afirmó el Presidente de
Septem Nostra y miembro de la plataforma, Jose Manuel Pérez
Rivera. En la reunión se presentó un proyecto que había sido
mandado previamente como alternativa al ministerio de Medio
Ambiente, para la gestión de los residuos de la ciudad que
se encargaría la incineradora. La propuesta consiste en
separar la parte orgánica de la parte inorgánica. Para la
parte orgánica se propuso la creación de una planta de
compostaje que convertiría los desperdicios en abono útil.
Para la parte inorgánica a su vez se planteaba la división
de los desechos en aquellos que podían ser reciclados y
aquellos que ya no tenían la posibilidad de ser procesados.
Para estos últimos el plan disponía la posibilidad de que
fueran transportados los residuos a la península. Aquí
surgió la duda de si el proyecto era viable desde el punto
de vista legal y se mandaron dos cartas tanto a la
Administración central y a la Unión Europea para comprobar
su cobertura legal. En marzo miembros de la plataforma
consultaron a la Ciudad sobre la respuesta dada por el
ministerio pero todavía se encontraba en fase de estudio
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