El presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad,
Basilio Fernández, expresó ayer a EL PUEBLO que si la UE
participara de la regulación de tráfico en zonas como el
Estrecho, el Gobierno de la nación “no tendría problemas”
para poner orden en la actividad de las empresas navieras
que operan entre la Península y Ceuta, “para evitar el
concierto de precios y esta tarifa tan excesiva”.
Estas declaraciones llegaron tras conocer la intención de la
Comisión Europea de denunciar a España ante el Tribunal de
Justicia comunitario por la “aplicación de derechos
portuarios discriminatorios”, que prevé tarifas más bajas
para los desplazamientos a Ceuta, Melilla, Canarias y
Baleares. La UE afirmó que los derechos portuarios a pagar
por los trayectos efectuados por buques que van a estos
destinos “son inferiores a los recaudados por el tráfico
entre los puertos españoles continentales y los puertos
comunitarios”. La UE afirma que el Gobierno justifica la
reducción de este coste con “la cohesión territorial”, pero
que no ha presentado “pruebas suficientes” para demostrar su
“carácter necesario”.
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