La apuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma para el
desarrollo urbanístico de Ceuta no pasa por devorar los
espacios verdes de la periferia, que ven reducido incluso en
su avance la superficie urbanizable prevista en el PGOU
vigente en algunos casos, sino por disponer de todos los
espacios dispersos que actualmente siguen ocupando unidades
militares y que el Ejecutivo ceutí cuenta con recuperar
mediante un nuevo convenio de permuta con el Ministerio de
Defensa para destinarlos de forma “preferente” al uso
dotacional y de equipamientos y, en algunos casos, a la
construcción de viviendas.
El avance de revisión y adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad autónoma recorta en un
2,2% el número de hectáreas de suelo urbanizable que prevé
(pasan de las 140,6 hectáreas catalogadas como tales en el
plan vigente a 96,7] y eleva casi en la misma proporción el
suelo considerado urbano, que de acuerdo con la revisión
planteada pasaría de 674 a 740 hectáreas. El suelo no
urbanizable permanece prácticamente estancado cerca del 60%
de la superficie total de Ceuta.
Sobre ese marco, la apuesta de la Consejería de Fomento para
el desarrollo urbanístico de la ciudad a medio plazo no pasa
por la recalificación de terrenos en áreas como el Monte
Hacho, donde en realidad se recorta el suelo urbanizable
previsto en el PGOU vigente, sino por el aprovechamiento de
terrenos urbanos hasta ahora desaprovechados. Más
concretamente, los cuarteles pendientes de futuras permutas
con el Ministerio de Defensa.
No obstante, si la declaración como urbanizables de los
sectores alrededor de la barriada del Sarchal, en el límite
occidental del Príncipe y el entorno del pantano del
Renegado y el Desnarigado tiene sus detractores, la
propuesta planteada también genera suspicacias.
“Se está contando con terrenos de los que aún no se dispone
y sin saber siquiera, en el mejor de los casos, de qué
manera se podrán utilizar y cuándo”, criticaron ayer fuentes
bien informadas que reclamaron “un convenio único y
definitivo” con Defensa que permita a la Ciudad Autónoma
aclarar sus planes definitivamente con respecto a los
cuarteles que no entran dentro de la subcategoría específica
de Suelo No Urbanizable de Normativa Especial-Defensa, en la
que el PGOU sólo incluye “la parte del suelo ocupado por la
futura base única prevista por el Ministerio de Defensa”.
Planes que, además, son muchos, pues por el aprovechamiento
de varias instalaciones militares actualmente ocupadas por
las Fuerzas Armadas pasan buena parte de las necesidades de
equipamientos y viviendas que el Gobierno ceutí pretende
subsanar.
“Con vistas a la consecución de los objetivos previstos”,
explicita el avance del PGOU literalmente, “se plantea la
utilización preferente para el uso dotacional de los suelos
que se incorporen al patrimonio municipal procedentes de los
acuerdos de permuta con el Ministerio de Defensa”. En
concreto, el Plan cuenta con sumar al Sistema General de
Equipamientos Comunitarios de la ciudad “una superficie en
el entorno de 280.000 metros cuadrados, cifra que puede
variar en función de los mencionados acuerdos”.
Entre los espacios que se mencionan explícitamente figuran
el antiguo acuartelamiento del Brull, el del Teniente Ruiz y
el Hospital Militar.
“La reorganización de las diferentes instalaciones militares
de Ceuta una Base Única en los aledaños de Loma Margarita,
lo que permitirá desafectar instalaciones, que de este modo
quedarán obsoletas, que pasarán tener una incalculable
importancia como ubicaciones de dotaciones insertadas en la
trama urbana”.
Un papel “regulador”
Una importancia “incalculable” en tanto que de ello depende,
por ejemplo, fortalecer el papel regulador de la
Administración autonómica sobre el mercado del suelo. Para
reforzar esa actividad la Ciudad se propone dos tipos de
acciones: “La obtención de suelo a través de los convenios
con el Ministerio de Defensa” es la principal, que se
plantea concretar mediante la propuesta de un Tercer
Convenio a la Administración General del Estado “de
desafección de los suelos grafiados en la presente
propuesta”.
“Aproximadamente un tercio de la superficie de la ciudad de
Ceuta sigue siendo de titularidad del Ministerio de Defensa
afecto a instalaciones militares”, destaca como
“interesante” el texto del avance del PGOU, que pasará a
exposición pública la próxima semana. “Una parte importante
de esta superficie”, prosigue, “está en suelo clasificado
como urbano o urbanizable, constituyendo grandes elementos
urbanos aislados que, en muchas ocasiones, interfieren en la
continuidad de la trama urbana impidiendo desarrollos
equilibrados”.
Fomento cuenta, así, con poder disponer en el futuro de
grandes acuartelamientos ubicados actualmente en pleno casco
residencial como el del Fischer y adyacentes para proyectar
sobre sus solares el Ensanche de la ciudad con un modelo de
desarrollo ordenado en el que tengan cabida tanto el uso
residencial [se desconoce cuál es la contrapartida que puede
requerir el Ministerio por la cesión de los terrenos] como
el de equipamientos, con proyectos de relumbrón como el que
prevé el Plan Especial de las Murallas Merinidas con una
gran ciudad deportiva frente a Parque Ceuta.
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Las diferencias entre el suelo urbano, el urbanizable y el
no urbanizable
El suelo urbano es aquel que el
Plan cataloga como tal “por contar [o lleguen a contar
durante la ejecución del mismo] con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas
consolidadas por la edificación, al menos, en dos terceras
partes de su superficie”. El suelo urbanizable es aquel que
se declara “apto” para ser urbanizado y que, a su vez, se
divide en dos categorías: el programado, que es el
constituido por el suelo que debe ser urbanizado según el
programa del propio PGOU, y el no programado, que es aquel
“que puede ser objeto de urbanización mediante la aprobación
de Programas de Actuación Urbanística”. Finalmente el suelo
no urbanizable es el que recibe “una especial protección” en
razón de su “excepcional valor agrícolar, forestal o
ganadero, de las posibilidades de explotación de sus
recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos
o culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el
equilibrio ecológico”.
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