Sin ser catastrofistas, pues nadie
puede negar las virtudes del sistema sanitario español,
noticias como las que hoy aparecen en este diario
relacionadas con determinadas negligencias médicas
insoportables obligan a preguntarse si las administraciones
públicas están velando como deberían por el correcto
funcionamiento de, al menos, los tres pilares sobre los que,
en términos socio-políticos tradicionales, se sostiene el
Estado de bienestar. Se dice que existe un Estado de
bienestar o Estado providencia cuando el Estado asegura la
protección social, entendida ésta mediante derechos tales
como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios
sociales, las pensiones de jubilación o la protección del
empleo o del empleado. Más en concreto, Educación, Sanidad y
pensiones se han venido considerando hasta ahora los tres
pilares que sustentan un Estado con estas características.
Durante la legislatura anterior, el Gobierno presidido por
José Luis Rodríguez Zapatero presentó con los honores que
merecía tal iniciativa los cimientos del que se dio en
llamar el cuarto pilar del Estado de bienestar: la Ley de
Dependencia. Sin embargo, un día sí y otro también el ámbito
sanitario es noticia por las denuncias sindicales sobre la
falta de especialistas (hoy tenemos un nuevo ejemplo en
Ceuta) o sobre la altísima presión asistencial que padecen
los profesionales a diario (cuatro comunidades registraron
ayer huelgas por este motivo). Si a eso se le suma el
descontrol aparente con el que parecen funcionar clínicas
más o menos ‘piratas’ en las que se ofrecen intervenciones a
precio de saldo la solidez de la Sanidad pública parece
tambalearse. Es cierto que hay buenas noticias también, como
los 116 millones de euros que el Gobierno ha aprobado
destinar este año para resolver los problemas de salud de la
población de Ceuta y Melilla. Es, aparentemente, mucho
dinero, pero el Estado debe valorar a conciencia si el
presupuesto que destina a este servicio básico e
imprescindible es suficiente. Y si no, buscarlo.
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