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El debate vivido anteayer entre el Gobierno y el primer
grupo de la oposición en la Asamblea, UDCE-IU, a cuenta del
compromiso de la Ciudad Autónoma de aportar el incremento
sobre el IPC pactado el Miércoles Santo en las actas de
negociación del nuevo convenio del sector de la Limpieza
Pública no ha hecho moverse un ápice de sus posiciones a CSI-CSIF,
el sindicato mayoritario en la principal empresa del sector,
Urbaser. Según explicó ayer uno de sus portavoces, Enrique
Luque, CSI-CSIF piensa iniciar “de inmediato” una recogida
de firmas entre los trabajadores de la sociedad con el fin
de impugnar el contenido de dichas actas para evitar que se
materialicen en el convenio definitivo.
La central entiende que la temporalidad en la empresa es
“insoportable” y Luque volvió a denunciar ayer que la
sociedad firme “ochocientos contratos al año cuando su
plantilla de trabajadores a jornada completa es de 230
empleados”.
“El problema tiene solución, pero debe pasar por unificar
las condiciones de trabajo de la plantilla erradicando la
actual precariedad en el empleo que padece una bolsa de
alrededor de 220 trabajadores”, indicó Luque, quien recalcó
que CSI-CSIF desea un convenio con una duración de dos años
y no de cuatro tras criticar la actitud de CCOO y UGT, a los
que calificó como “dos compañeros de viaje que en cuanto
cruzamos la bocana nos dejaron tirados a nosotros y al
sentimiento mayoritario en la plantilla de Urbaser, que
rechaza el acuerdo suscrito en las actas de negociación, que
nosotros tampoco firmamos”.
Sobre la polémica en el Pleno Luque aseguró que las palabras
del presidente Vivas sometiendo el compromiso de su
Ejecutivo con ambas partes a la resolución definitiva del
Consejo de Gobierno “no crean inquietud en la plantilla
porque todo está hablado” y sobre la intervención de Ali el
representante de CSI-CSIF lamentó la “falta de rigor” con
que, a su juicio, comparó a Urbaser con Obimace, aunque
apuntó que “lo mejor” que le podría ocurrir a la plantilla
sería la municipalización propuesta.
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laboral
