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No son muy conocidas las reivindicaciones de los
funcionarios de justicia, pero en esencia parece que van en
la dirección de equiparar sus salarios a los de los
compañeros que están transferidos a las Comunidades
Autónomas y por esta razón llevan ya varias semanas de
huelga y de manifestaciones en las que han intentado dar la
tabarra a Zapatero en sus mítines electorales y hacer llegar
sus quejas al conjunto de los ciudadanos.
Quizás, hasta ahí, bien. Parece igualmente razonable que
todos los funcionarios que se dedican a lo mismo, quieran
igualmente cobrar lo mismo, tocándole ahora al Estado hacer
el esfuerzo que durante años han realizado Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos en cuanto a la dignificación de
sus funcionarios, dejando ya de racanear, a unas personas
que tienen unos sueldos para sobrevivir, uno o dos puntos de
subida tras varios años ya de pérdidas constantes de poder
adquisitivo de los empleados públicos, a los que se les han
fijado sistemáticamente subidas salariales del dos por
ciento, mientras el coste de la vida se duplicaba o más.
Pero a partir de la situación actual, los peros van a surgir
en contra de los huelguistas cada vez con mayor intensidad.
Y es que sus legítimas reivindicaciones, llevadas en cuanto
a método hasta el extremo de una huelga que no tiene fin,
está empezando a perjudicar a quien les paga: los
ciudadanos, que están viendo como sus cuestiones se
retrasan, se eternizan, con los considerables perjuicios que
esto les puede ocasionar.
Son muchos asuntos los que los ciudadanos requerimos a
diario de los juzgados y que tienen que ver con nuestra vida
personal, profesional, etc., etc. Y los retrasos en la
resolución de conflictos que sólo se pueden resolver por la
vía jurisdiccional, pueden causar graves perjuicios
económicos, profesionales e incluso morales a muchísimas
personas, que a partir de ese momento ya no va a percibir
con simpatía la huelga de los funcionarios de justicia.
En cualquier conflicto sectorial, se hace casi
imprescindible la complicidad del conjunto de la sociedad,
de tal modo que los ciudadanos entiendan y simpaticen con la
causa, aunque no vaya directamente con ellos e incluso,
aunque indirectamente les pueda molestar, perjudicar o
incomodar en algo.
Pero el aviso dado por el Colegio de Abogados de Ceuta, que
no será exclusivo de nuestra ciudad, respecto de las
consecuencias de una huelga tan larga, que están empezando a
alcanzar al funcionamiento de los despachos privados, no
debe tomarse a la ligera por los huelguistas, que más pronto
que tarde acabarán perdiendo apoyo social y se encontrarán
solos ante el gigante.
Y es que la intensidad de los conflictos hay que calibrarla
no sólo en relación con la propia capacidad de resistencia,
respecto de la cual ya han demostrado los funcionarios de
justicia que es inmensa, sino también tomando en
consideración el resto de colectivos afectados, que en el
caso de la justicia son todos.
Parece que llega el momento, una vez demostradas las
fuerzas, de pensar en los demás y plantear una nueva
estrategia aunque sea de modo temporal, para no seguir
asfixiando a la sociedad y no terminar perdiendo ese apoyo
popular con el que el conflicto nació, no vaya a ser que al
final salga reforzado el Gobierno.
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OPINIÓN
