|
La huelga de los funcionarios de Justicia mantiene los
tribunales de la ciudad completamente paralizados, aunque la
situación afecta a otros ámbitos de la Administración
Pública. Después de un mes y medio de protestas, los
documentos se apilan encima de las mesas, en una montaña de
papeles que va creciendo día a día. Esto también hace que
los ciudadanos noten los efectos en trámites tan simples
como la expedición un Documento Nacional de Identidad o una
partida de nacimiento.
Donde más se nota esta situación es en el Registro Civil,
ubicado en el Palacio de Justicia, donde se mantienen los
servicios mínimos con un solo funcionario. Esta persona tan
sólo está trabajando para expedir las partidas de nacimiento
y los certificados de defunción, así como toda la
documentación que cuente con un plazo establecido. Sin
embargo, estos documentos son los menos y desde el Registro
afirman que “en la Fiscalía están desesperados porque no
subimos nada y los abogados están obligados a hacer paro”.
Entre los servicios afectados también se encuentra la
oficina de la Jefatura Superior de Policía, ya que los
trámites de DNI y pasaporte tienen que pasar por aquí.
Además, han quedado suspendidas las bodas civiles, así como
los trámites de divorcios.
La situación no es mucho mejor en el Servicio Común de
Notificaciones y Embargos, desde donde se envían todas las
citaciones de los tribunales. Aquí los funcionarios tienen
que continuar trabajando, ya que labor entra dentro de los
servicios mínimos, aunque la mayoría de las veces tienen que
pasar las horas ociosas en la oficina, ya que “no nos llega
nada porque los juzgados están pasados”. Sin embargo, donde
la acumulación es mayor es en el Decanato de los Juzgados,
donde se amontonan en un rincón todo tipo de expedientes
desde hace mes y medio. Los trabajadores de esa sección
afirman que hay alrededor de 300 denuncias a las espera de
resolución, un trabajo que puede tardar meses en recuperarse
“incluso hablamos de un año aproximadamente”, según
aseguraron los propios funcionarios.
En cuanto a esto lo tienen muy claro, cuando acabe la huelga
comenzarán a trabajar con el día a día, ya que “si no nos
dan nada por hacer el trabajo atrasado no lo vamos a hacer”.
Por tanto, el Ministerio no sólo tiene que pensar como
satisfacer las demandas de los trabajadores, si no también
en incentivar a estos o contratar más para poner al día
todos los documentos.
|
 |
|
Un mes y medio de protestas sin resultados
Desde que se celebraron las
elecciones generales, las relaciones entre el Ministerio de
Justicia y los sindicatos se mantienen paralizadas. La
última reunión se llevó a cabo la semana anterior a los
comicios, un encuentro que no logró desconvocar la huelga y
que acabó con el levantamiento por desacuerdo de los
sindicatos de la Mesa de Negociación. Los trabajadores
exigen una subida salarial de 200 euros, la cantidad mínima
para equiparar su complemento específico con el de los
funcionarios de las comunidades autónomas con las
competencias transferidas. Sin embargo, el Ministerio ha
ofrecido como mucho 180 euros, que se corresponderían a 110
euros a partir del 1 de enero de 2008, de los que 60 se
abonarían mediante paga mensual y el resto se cobraría en un
pago único que se percibirá en febrero de 2009. La subida
salarial hasta los 180 no se haría efectiva hasta el 1 de
abril del año que viene. Además, el Ministerio ha elaborado
planes de recuperación del trabajo atrasado sólo para
algunos trabajadores y también contempla el compromiso de
los funcionarios de adoptar una serie de medidas para acabar
con el absentismo laboral. Ante la negativa sindical de
aceptar este acuerdo, los trabajadores han presentado en el
Ministerio una serie de alegaciones al preacuerdo, de las
que no han recibido respuesta todavía.
En Ceuta, siguen movilizados unos 50 funcionarios, que cada
día mantienen asambleas informativas a la espera de la
resolución de un conflicto en el que no piensan ceder.
|
|
|
|
situación
