En España, más de 3,5 millones de
personas presentan algún tipo de discapacidad, ya sea
física, psíquica, mental o sensorial. En términos relativos,
casi uno de cada diez compatriotas es discapacitado. El
presidente Vivas inauguró ayer, dándole con su asistencia la
relevancia que merece y que muchos otros eventos no tienen,
pasando desapercibidas para los medios de comunicación y,
por ende, para la mayoría de la sociedad la ‘Feria de
sensibilización y discapacidad’ que acoge la Plaza de los
Reyes. La plena integración de este colectivo, partiendo
siempre del principio de que antes que discapacitados son
personas, debe ser un objetivo prioritario no sólo de las
instituciones, sino de toda la sociedad en general. La
recién aprobada Ley de Dependencia, que tanto el PSOE como
el PP votaron a favor, debe ser un instrumento en el que las
Administraciones, con independencia de su color político,
encuentren el primer punto de apoyo para paliar una
desatención inaceptable como la que han venido sufriendo y
denunciando las entidades de discapacitados desde hace años.
¿Cuántas propuestas específicas para estas personas se
escucharon durante la pasada campaña electoral? Pocas, al
menos en primera plana. Sin embargo, casi todos los partidos
contemplaban a este 10% de la población en sus programas. El
PSOE abogaba por “superar el asistencialismo y conseguir una
atención integral con la participación de los propios
afectados” ampliando y desarrollando la Ley de Dependencia,
creando 200.000 puestos de trabajo estables para personas
con discapacidad y enfermedad mental y haciendo gratuito el
transporte público también para sus acompañantes. El PP, por
“avanzar en un marco de normalización de las personas con
discapacidad” desde “un enfoque integral” sobre diferentes
ejes “como la accesibilidad o el acceso al mundo laboral”.
La línea de ambos partidos mayoritarios era compartida por
las fuerzas mayoritarias. Ahora es su turno para que, de
acuerdo en los objetivos, coincidan y se apoyen en los
medios para alcanzarlos.
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