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“Enclaves de impunidad”. Así describe la situación
migratoria en Ceuta y Melilla la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA) en su informe ‘Derechos Humanos
en la Frontera Sur 2007’, que presentó ayer formalmente a la
prensa. “Los alrededores de los dos enclaves autónomos están
convertidos prácticamente en campamentos militares, y las
fuerzas del orden marroquíes han dado buena muestra de la
utilización de fuego real para impedir a los inmigrantes
acercarse a las vallas fronterizas con el territorio
español”, lamenta la oenegé, quien asegura que por ello “la
presencia de inmigrantes subsaharianos en estas zonas antaño
bien pobladas, ahora no es significativa”.
“Con todo”, advierte el informe, “durante el año 2007 es de
resaltar en relación a la inmigración en estas zonas, el
Informe del Consejo Consultivo de Derechos Humanos (CCDH) en
Marruecos, que ha resultado absolutamente decepcionante y
enmascarador”.
“Casi ninguna violación de los derechos humanos cometidas
tanto por España como por Marruecos son reveladas; las
mismas muertes en las vallas son mencionadas como ‘daños
lamentables’”, prosigue la APDHA en su diagnóstico sobre las
dos ciudades, en el que denuncia que “Marruecos aparece como
una víctima de la situación, lo que minimiza la gravedad de
los hechos y criminaliza a los migrantes subsaharianos”.
Por último, la asociación critica que “por tercer año
consecutivo tenemos que señalar que, pese a todas las
gestiones realizadas, pese a todas las denuncias y escritos
planteados, por la APDHA y por numerosas oenegés, el
gobierno se ha negado en redondo a investigar los
acontecimientos del 2005, el Parlamento y todos sus grupos
parlamentarios sin excepción, han pasado del tema y la
Justicia ha demostrado en este caso su nula voluntad de que
se haga justicia”.
El informe también dedica una mención especial a la
situación de los inmigrantes asiáticos en Ceuta y se detiene
para recordar los meses que pasaron un grupo de 33
bangladeshíes viviendo fuera del CETI por temor a ser
repatriados o la devolución de 120 pakistaníes a su país en
diciembre pese al estado de excepción decretado.
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