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La quema de más de seis toneladas
de sustancias estupefacientes sirvió ayer al delegado del
Gobierno para hacer sus primeras declaraciones a la prensa
tras la noche electoral del domingo y tomarse cumplida
revancha de las diatribas que ha recibido durante los
últimos días desde las filas Populares. Después de abrazarse
cariñosamente a Vivas y Gordillo el lunes en la
concentración para manifestar su repulsa al terrorismo, ayer
el onubense decidió que era la hora de poner a cada uno en
su sitio y utilizó las diferencias existentes entre la
Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma para
poner en solfa la actitud de esta última, a la que acusó de
tomar decisiones arbitrarias sin tener en cuenta quién es el
propietario de los solares que proyecta utilizar y de
filtrar sus intenciones a la prensa para, al abrigo de que
lo suyo es defender el interés general, obligar a la parte
contratante a hacer lo que desea. Lo más curioso del hecho
es que el propio Arreciado reconoce que tanto en lo que se
refiere al solar del Mercado Central como en lo que atañe a
la reforma de la carretera que llega hasta el Tarajal se
llegará a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Es
más, ni siquiera se sabe si el Estado tiene una posición
discrepante con el Gobierno ceutí sobre sus planes para
ambos espacios. Seguramente, a tenor de lo dicho por el
delegado, no.
Se trata, pues, de una cuestión de formas y no de fondo.
Aparentemente el delegado tiene su parte de razón en que la
Ciudad no debería tomar las de villadiego y hacer oídos
sordos sobre la realidad de quién es el legítimo propietario
de los solares que pretende utilizar, pero en su
argumentario no puede ampararse en que es harina de otro
costal el tiempo que la Administración General del Estado
tarda en responder al Gobierno autonómico sobre su
disponibilidad a colaborar en proyectos claves para el
proyecto político de un Gobierno que goza de toda la
legitimidad que le han dado las urnas. Si la Ciudad practica
la política de hechos consumados también puede ser porque el
Estado practica la del silencio perpetuo. Eso es lo que
deben aclarar.
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OPINIÓN / EDITORIAL
