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Estaba concluyéndose el expediente para la licitación de las
obras de soterramiento del tráfico en el centro de la ciudad
(independencia-alcalde vítori-plaza de la constitución),
cuando la Ciudad Autónoma recibe un escrito del Ministerio
de Hacienda reclamando la devolución de la parcela donde se
ubica actualmente el mercado central, parcela esta que fue
objeto de cesión al Ayuntamiento de Ceuta en los albores del
pasado siglo y sobre la que la Ciudad ya había manifestado
su intención de actuar desde hace varios meses.
La actuación que la Ciudad Autónoma ha programado en esa
parcela, consiste en la demolición del edificio del actual
Mercado Central, en concordancia con el proyecto de
soterramiento del tráfico que va en paralelo al mismo,
recuperando así el antiguo foso de la Almina y su recinto
amurallado y por tanto un gran espacio histórico y de
esparcimiento para todos los ceutíes. En definitiva, una
actuación que huye de la especulación del suelo y recupera
historia y espacio para los ciudadanos, al tiempo que mejora
la prestación de algunos servicios, como el tráfico, la
instalación de un intercambiador de autobuses y la solución
a largo plazo sobre un nuevo Mercado Central más moderno y
competitivo.
No parece desde ningún punto de vista jurídico racional, que
se modifique sustancialmente el uso de la parcela, que sigue
al servicio de los ciudadanos, aunque formalmente haya que
solucionar eso que el Gobierno de la Ciudad ha calificado
con acierto como incidente administrativo.
Lo cierto es que las cesiones de suelo que durante el pasado
siglo fue realizando el Estado a favor del Ayuntamiento,
estuvieron promovidas por las necesidades de una ciudad que
crecía día a día y que por tanto necesitaba ampliar
servicios, viales y todo tipo de dotaciones e
infraestructuras, todo ello frente a la cada vez menos
necesaria ocupación de suelo sobre todo por parte del
Ministerio de Defensa, que finalmente y ya en el siglo XXI
ha decidido concentrar en una base única todas sus fuerzas y
equipamientos en la ciudad.
La reacción del Gobierno de Ceuta a la pretensión del Estado
a estas alturas sobre la parcela en cuestión ha sido la
adecuada, al estar cargada de prudencia y de sentido común,
apelando a la lógica de las cosas y al mutuo respeto entre
administraciones, a las que se presume, a las dos, que
trabajan únicamente en defensa del interés general de los
ceutíes, lo cual descarta cualquier intencionalidad en el
acto formal de la reclamación por parte del Gobierno de
España, si tomamos en consideración que la misma se produce
en el momento en que el Gobierno de la Ciudad iba a plantear
la licitación del proyecto y de las obras del soterramiento
y derribo del actual Mercado Central y coincidiendo al
tiempo también con la celebración en unos días de las
elecciones generales.
Si ciertamente lo único que ha ocurrido tiene que ver con
cuestiones administrativas, nadie puede en principio
sospechar que “alguien” está jugando en estos momentos tan
decisivos a poner zancadillas al Gobierno de Vivas sobre
algo que sólo tiene el carácter de una obra para mejorar los
servicios públicos y la imagen y la proyección de Ceuta. Y
si sólo se trata de cuestiones administrativas, el arreglo
será fácil, sencillo y rápido.
Pero si “alguien” ha tratado de utilizar esta cuestión para
seguir erosionando la imagen del Presidente, se estaría
jugando a ese juego sucio partidista que sólo pretende
asolar y se olvida de lo más importante: los ciudadanos.
Las primeras reacciones del PSOE y de la UDCE, han sido
claramente desafortunadas, casi de animal carroñero,
tildando al Gobierno de Vivas de falto de previsión y demás
calificativos que no merece la pena reproducir, haciendo
oídos sordos a las explicaciones dadas sobre un expediente
bien construido, que no se derrumba en absoluto por un
incidente como el suscitado por el Ministerio de Hacienda,
que, sin duda, tendrá solución.
Lo razonable es lo manifestado por el Gobierno Autónomo en
su comunicado de prensa, que consiste en mantener una
reunión aclaratoria con la Administración del Estado, por
cuanto los servicios jurídicos de la Ciudad entienden que la
cesión que en su día realizó el Estado es efectiva y la
actuación programada encaja perfectamente con los fines de
la misma. Lo razonable igualmente es trabajar en defensa del
interés general y no del interés partidista y desde esta
perspectiva se puede prever un rápido acuerdo entre ambas
administraciones, aunque este acuerdo escueza a más de uno
que desearía ver a Vivas humillado y frustrado en cuanto a
sus expectativas de programación política.
Este es el momento de la tranquilidad, de la altura de miras
y de la más absoluta lealtad institucional. El griterío no
conduce a nada, sólo a pequeñas satisfacciones para algunos
que se conforman con bien poco.
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OPINIÓN
/
COLABORACIÓN
