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El nombramiento, el lunes, en Consejo de Gobierno, sin luz
ni taquígrafos, del hasta ahora jefe de Nóminas de la Ciudad
Autónoma, Francisco Martínez Racero, como director general
de la Consejería de Presidencia levantó ayer un nuevo
episodio de polvareda entre el Gobierno y los Grupos de la
oposición, que le acusaron de “pagar favores” con altos
cargos.
El ‘caso Nóminas’, aquel culebrón que removió los pasillos
de la Ciudad Autónoma por el presunto pago irregular de
complementos a determinados funcionarios y que se despachó
esta misma semana archivando el expediente abierto al jefe
de Habilitación de la Administración, Francisco Martínez
Racero, irá finalmente a la Fiscalía después de que
anteayer, sin que se diese cuenta de ello a los medios, el
Consejo de Gobierno acordase nombrar al propio Racero, líder
del sindicato Sinpobal, director general de Presidencia y
Relaciones Institucionales.
Así lo anunció ayer el Grupo Parlamentario UDCE-IU a través
de una nota de prensa valorando como “el premio del Gobierno
al oscurantismo y la opacidad en la gestión” la noticia
adelantada ayer por este periódico. “No es de recibo que se
decida crear un nuevo cargo en la Ciudad con el consiguiente
incremento del gasto de Personal y sólo se explica como una
compensación a las familias del PP”, valoró el Grupo de Ali,
que describió la decisión como “muestra de un tipo de
gestión basado en la espontaneidad y el pago de favores y no
en principios democráticos de eficiencia, eficacia y
mérito”.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista su portavoz,
Inmaculada Ramírez, tampoco ahorró comentarios sobre un
nombramiento que, dijo, le causó “estupor”. “Como el
Ejecutivo de Juan Vivas no tenía ya pocos altos cargos
inútiles en la Asamblea ha decidido crear uno más, y no
llevamos ni un año de legislatura, a costa del dinero de
todos los ceutíes”, criticó Ramírez, quien se preguntó “cómo
es posible que después de tanto ruido con el famoso ‘caso
Nóminas’ la Ciudad haya decidido cerrarlo cuarenta y ocho
horas antes de ascender a su máximo protagonista a una
Dirección General”.
UDCE lamentó también el “ocultismo institucional” y el
“descrédito oficial” en el que a su juicio incurrió el
Gobierno el lunes al no dar a conocer esta decisión, que
fuentes del Ejecutivo de Vivas sí ratificaron a este
periódico a última hora de la tarde de ese mismo día. “Están
utilizando la ley del silencio como parapeto del Gobierno
para no dar cuenta a los ciudadanos de sus decisiones”,
lamentó la oposición.
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polémica
