La reivindicación de las entidades
vecinales de que se apruebe un marco legal que permita a sus
responsables, entre otras cosas, tener horas liberadas en
sus trabajos remuneradas para seguir atendiendo esa otra
responsabilidad no sólo es “sensata”, como dijo el candidato
al Congreso de los Diputados por el PP ceutí la semana
pasada, sino que también es justa porque su trabajo es
necesario, por lo que el Gobierno que se forme a partir del
próximo domingo debería estudiar su petición con
detenimiento sea cual sea su color político. Si hace tres
décadas el movimiento vecinal fue, junto al movimiento
obrero, uno de los principales artífices sociales de base de
la transición después del franquismo, actualmente su
importancia en el entramado social de una ciudad como Ceuta
sigue siendo fundamental. Los dirigentes de las asociaciones
vecinales no son sólo el altavoz desde el que un vecindario
pide actuaciones, reclama atención o denuncia problemas,
sino también una especie de intermediario cualificado entre
sus vecinos y las autoridades, llámese Ciudad Autónoma,
Delegación del Gobierno o Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado. Esa trascendencia hace que corran el indudable
peligro de ser utilizados por los partidos políticos a su
antojo para captar votantes entre sus vecinos, pero nadie
puede escapar a ese riesgo. El caso es que para que puedan
seguir desarrollando ese trabajo de enlace los dirigentes
vecinales precisan de un contexto jurídico que les habilite
para disponer de ciertas horas en sus trabajos remunerados
con el fin de dedicarlas a esa otra ocupación y que su
desempeño no cause obligatoriamente una renuncia de su vida
privada o de su necesario tiempo de ocio. Pero no sólo eso,
el movimiento vecinal requiere una actualización de sus
métodos de trabajo, buscando nuevas formas de articulación
de sus redes sociales y reforzando su autonomía como
protagonistas activos en el papel de movimiento social que
impulsa y cohesiona a la ciudadanía sin una excesiva
dependencia del poder municipal.
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