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Siguen pasando los días, incluso
los de la Campaña pero no parece hallarse solución para los
funcionarios de Justicia en sus justas demandas. El personal
de la Administración de Justicia es el que más complicado
tiene el desarrollo de su labor. Juzgados a punto del
colapso con funcionarios sobrepasados debido a la
impresionante carga de trabajo que soportan; oficinas en la
mayoría de los casos pequeñas para acoger tanto movimiento;
personal escaso... Reiteramos, los trabajadores se han
plantado porque como funcionarios del Estado deberían contar
con las mismas facilidades en cuanto a la calidad del
trabajo que cualquier otro funcionario de la administración
central.
No es lo mismo ser funcionario del Estado en el area de
Fomento que de la Administración de Justicia. Son los
distingos que realiza la patronal estatal`. Pero aún más. No
es lógico que los funcionarios que no han sido transferidos
por las Comunidades Autónomas perciban menos emolumentos que
los funcionarios autonómicos en aquellas regiones en las que
Justicia dependen de los gobiernos autónomos. Esa
discriminación provoca la dura reacción de los trabajadores
estatales que no están dispuestos a que la actual brecha
salarial se incremente a lo largo de 2008.
Pero lo que más ‘cabrea’ a los trabajadores de Justicia que
son quienes realmente mueven la maquinaria de esta
Administración es que se ‘premie’ a determinados jueces y
fiscales con incrementos de salarios en mitad de las
demandas retributivas que llevan realizando desde hace al
menos dos años. De no llegar a un entendimiento justo, los
funcionarios estatales pueden recurrir a dar el salto a las
administraciones autonómicas y perjudicar aún más la
estructura de personal ya de por sí escasa para la necesidas
existentes. Las negociaciones no andan por buen camino y en
esta época de campaña electoral, los funcionarios de
Justicia no parecen ser un objetivo del Gobierno en
funciones. Después del 9 de marzo ya veremos. Mientras
tanto, pitadas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
