“Teniendo en cuenta la heterogeneidad del territorio y de
las necesidades y condiciones de vida de cada ciudadano” el
PSOE se compromete en su programa marco para las elecciones
generales del 9 de marzo, en caso de que Zapatero vuelva a
La Moncloa, a “potenciar un modelo de transporte que
fortalezca la cohesión respetando la diversidad territorial”
y a impulsar, de acuerdo con la normativa de la Unión
Europea, “la extensión del descuento en el transporte aéreo
y marítimo a los residentes legales permanentes no
comunitarios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla”.
El candidato al Congreso del PSOE por Ceuta, José Antonio
Carracao, valoró ayer en declaraciones a este periódico esta
iniciativa, una de las dos únicas promesas electorales del
programa nacional que cita expresamente a la ciudad
autónoma, como una forma de “defender un derecho de los
extranjeros no comunitarios” y de “reconocer la vital
aportación que con su trabajo hacen al aumento de la riqueza
nacional, por la que el Estado debe atenderles como al resto
de ciudadanos”.
“Estas iniciativas prueban cuál es la diferencia entre el PP
y el PSOE: nosotros hacemos convivencia e integración con
medidas que facilitan la cohesión territorial y humana;
Rajoy propone contratos descabellados e imposiciones”,
valoró el miembro de la Comisión Delegada de Ferraz para
Ceuta, que el lunes presentará junto a Salvador de la Encina
el anexo específico con las propuestas dirigidas
expresamente a la ciudad.
Aunque tanto el PP como durante los últimos cuatro años el
PSOE se han negado desde el Gobierno central a aprobar una
medida de estas características el Senado aprobó de nuevo en
noviembre de 2007 una iniciativa en la que instó al Gobierno
a que, a partir de este mismo año, extienda los descuentos
en las tarifas de los servicios regulares del transporte
aéreo y marítimo para los residentes en Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla “a los ciudadanos extracomunitarios
regularizados”. La propuesta partió de una moción del Grupo
Mixto en la Cámara Alta que fue enmendada por el PP y que
finalmente se aprobó con los votos en contra del PSOE, PNV y
CC y el apoyo del resto de los grupos del Senado.
Su autor, el parlamentario Pere Sampol, recordó que
inicialmente esos descuentos se aplicaban sólo a los
españoles y que posteriormente se ampliaron a los ciudadanos
de la Unión Europea, por lo que esas tarifas también debían
ser para los residentes extracomunitarios regularizados.
En su opinión, estos ciudadanos tienen “los mismos derechos
y obligaciones” que los españoles o comunitarios, ya que
“trabajan y cotizan en esos lugares y no extender esas
tarifas [descuentos del 50 % tras la última subida aprobada
por el Gobierno socialista] supone una discriminación”.
“Difícilmente -ha agregado- podemos pretender la plena
integración de estos colectivos cuando no les hacemos
partícipes de los derechos que disfrutamos el resto de
residentes por el hecho de ser miembros de la Unión
Europea”.
Ha reconocido el valor económico de la medida, estimada en
unos 10 millones de euros, pero también se debe tener en
cuenta la “precaria situación económica y social” de estos
trabajadores que, en algunos casos, se ven obligados a
viajar para realizar determinados trámites administrativos a
la península.
La enmienda del PP, defendida por el senador José Segui,
insiste en el matiz de que las bonificaciones sean para los
residentes regularizados, que deben contar con los mismos
derechos que el resto de residentes, ya que cotizan y pagan
sus impuestos aquí.
Félix Ayala, de CC, se ha opuesto a la iniciativa por “el
esfuerzo económico” que supone para el Gobierno y se ha
referido al crecimiento de la población en Canarias, debido
en gran parte a la inmigración no regularizada.
En su opinión, la rebaja en las tarifas de los viajes “puede
ocasionar un efecto llamada”, por lo que ha rechazado la
iniciativa.
El senador del PSOE Luis Ayllón ha coincidido con el de CC y
ha añadido que “la Comisión no va a enmendar al Pleno”, ya
que en junio del año pasado se rechazó una medida similar.
También el portavoz del PNV, Ramón Azurza, ha coincidido en
estos argumentos, mientras que los de CiU, Pere Macías, y la
Entesa, Lluís Aragonés, han compartido que hay que ser
coherentes y defender que tienen los mismos derechos y
deberes.
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Un “plan especial” de inversiones del Estado para Ceuta
El programa marco del PSOE a nivel
nacional promete también un Plan Especial de políticas
públicas para Ceuta y otras regiones españolas. “Durante la
legislatura 2004-2008 el Gobierno socialista ha puesto en
marcha un conjunto de Programas y Planes especiales
destinados a reforzar las políticas públicas con incidencia
en distintas Comunidades y espacios territoriales
relevantes”, recuerda el programa, con especial atención “al
área de las infraestructuras públicas o teniendo como eje
esencial el desarrollo del empleo”. Para la próxima
legislatura y siempre dentro de las competencias del
Gobierno de España el PSOE se compromete a activar Planes
especiales para Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha,
Jaén, Soria, Teruel, Canarias, Noroeste, Ceuta y Melilla.
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