|
Los funcionarios de Justicia dependientes del Estado
abrieron ayer el frente de la negociación con el Ministerio
para llegar a un acuerdo que les permita equiparar su
complemento específico con el de los trabajadores
dependientes de las administraciones autonómicas. Aunque las
propuestas elaboradas por los sindicatos implicados fueron
estudiadas ayer en el Consejo de Ministros, el Gobierno las
rechazó. Sin embargo, se emplazó a los representantes
sindicales a una nueva reunión por la tarde con los miembros
ministeriales en la que discutir los puntos de divergencia y
tratar de llegar a una solución ecuánime.
La reunión comenzaba a las seis de la tarde en Madrid y al
cierre de esta edición aún no había finalizado, por lo que
se preveía que finalizara a altas horas de la noche. En
principio, el Ministerio puso sobre la mesa una propuesta en
las que se incluían dos pagas extras de 180 euros en marzo y
septiembre de 2009 que corresponderían a los atrasos del
presente año. Además, una subida del complemento específico
de 60 euros a partir de 2008, 30 euros en enero de 2009 y 90
euros más en julio del año que viene. Sin embargo, esta
propuesta es similar a la ofrecida la pasada semana, con un
aumento de tan sólo 20 euros más, y queda lejos de la subida
de 200 euros del complemento específico que reclaman los
funcionarios. Después de que los sindicatos rechazaran la
propuesta, a las 21:45 el Ministerio cambiaba la oferta,
aunando las dos pagas extras en una sola de 360 euros a
percibir en marzo de 2009. Por ello, las partes seguían
negociando.
El eje principal de la huelga es la equiparación del
complemento específico de los trabajadores entre comunidades
autónomas que tienen las competencias de Justicia
transferidas y las que aún dependen del Gobierno central. La
diferencia entre unos y otros es de más de 200 euros, ya que
los funcionarios de regiones como Andalucía o Cataluña, los
empleados públicos perciben unos 400 euros al mes por esta
prestación, una cantidad muy inferior a la que cobran en
Ceuta, Melilla, La Rioja o Extremadura, cuyas
administraciones de Justicia dependen directamente de
Madrid.
Así, la huelga indefinida que se inició el pasado 4 de
febrero mantiene en la lucha a medio centenar de
funcionarios en Ceuta, cifra que asciende hasta los 9.000 en
todo el territorio español, el 90 por ciento del
funcionariado según los sindicatos. En estas tres semanas se
han suspendido en la ciudad más de 150 causas, entre las que
se encuentran procesos de toda índole como juicios o bodas
civiles, apilándose las carpetas sobre las mesas de las
oficinas. Según los datos sindicales, en toda España los
paros sindicales han impedido celebrar 40.000 juicios debido
a alto seguimiento de la convocatoria nacional.
|
|
De la Vega: “Nada desearía más el Gobierno que se pudiera
llegar a una solución satisfactoria”
Aunque el Consejo de Ministros no
ofreció una solución clara al conflicto de los funcionarios
de Justicia, la vicepresidenta primera y portavoz del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en la
rueda de prensa posterior que se seguirá trabajando para
solucionar el conflicto. De la Vega afirmó que “nada
desearía más el Gobierno que se pudiera llegar a un acuerdo
que solventase una situación de esta naturaleza que fuera
satisfactoria para todas las partes”.
La portavoz del Ejecutivo también aseguró que “en eso vamos
a seguir trabajando”. De la Vega subrayó que el Gobierno
“siempre está preocupado por las situaciones laborales de
sus funcionarios” y recordó que se trata de un tema en el
que se viene trabajando “desde hace tiempo” e insistió en
que el Ejecutivo está “negociando y buscando una solución”.
Esta ha sido por ahora la única respuesta oficial que han
recibido los sindicatos, cuyos representantes se mantuvieron
a las puertas del edificio en el compareció De la Vega,
esperando escuchar soluciones.
|
huelga de los funcionarios de justicia
