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El cajón de asuntos pendientes del Congreso de los Diputados
para la próxima legislatura incluye más de una 30
solicitudes de comparecencia, proposiciones no de ley y
preguntas al Gobierno para ser respondidas por escrito que
han caducado por la disolución de la Cámara o que, aún
estando ya calificadas, no habían sido resueltas. Entre las
más significativas se encuentran las proposiciones de los
nacionalistas para reconocer “oficialmente” las
características culturales y lingüísticas de la “identidad
amazigh”; la de IU sobre la Transitoria V y varias preguntas
controvertidas sobre Defensa, Inmigración, Exteriores y las
visitas del Rey y Zapatero.
La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados acordó la semana pasada, una vez producida la
disolución de la Cámara, trasladar a las Cortes que se
constituyan tras las elecciones generales del próximo 9 de
marzo el conjunto de iniciativas ya calificadas que se
hallaban en tramitación en el momento de la disolución y que
han caducado como consecuencia de ésta; de pendientes de
calificación caducadas como consecuencia de la disolución y
de las que se trasladan directamente a la IX legislatura,
entre las que se cuentan un total de 30 proposiciones no de
ley, solicitudes de comparecencia o preguntas para ser
respondidas por escrito por el Gobierno relacionadas con la
Ciudad Autónoma de Ceuta.
La mayoría corresponden a alguno de los dos últimos
apartados, pero en el cajón de los asuntos pendientes en las
Cortes Generales han quedado varios temas de calado para el
futuro de la Ciudad Autónoma. Son, por ejemplo, la
proposición no de Ley que Izquierda Unida llevó al Congreso
proponiendo la celebración de un referéndum consultivo en
Ceuta (y Melilla) para que los ciudadanos de ambas regiones
pudiesen opinar sobre la elevación de su rango institucional
al de Comunidad Autónoma.
IU hizo llegar esta propuesta a las Cortes en marzo del año
pasado de común acuerdo con sus socios localistas (UDCE y
CpM), según su tenor literal, para instar al Gobierno
central a “iniciar los trámites legales necesarios para
someter a referéndum consultivo de todas las ciudadanas y
ciudadanos españoles de la circunscripción de Ceuta y
Melilla con derecho de sufragio la posibilidad de que estas
ciudades tenga el mismo estatus jurídico que las Comunidades
Autónomas de conformidad con lo establecido en Disposición
Transitoria V de la Constitución”.
Igualmente se han quedado para su tramitación en la próxima
legislatura sendas proposiciones no de ley del PP y del PSOE
relacionadas con el transporte marítimo. En el caso de los
Populares sugerían (en 2005) el establecimiento de “medidas
para simplificar los trámites” para la adquisición del
pasaje por parte de los residentes, mientras que los
socialistas hicieron llegar al Parlamento otra (en 2004)
sobre las subvenciones que reciben estos mismos ciudadanos
para viajar a la península. Pendiente ha quedado también la
iniciativa de los grupos nacionalistas para que “la
identidad amazigh” se reconozca “oficialmente” con sus
características “culturales y lingüísticas” tanto en Ceuta
como en Melilla.
Comparecencias
En el apartado de las comparecencias solicitadas que no se
llegaron a concretar en la pasada legislatura el mejor
parado ha sido el ministro de Defensa, a quien se le había
pedido que explicase el espionaje militar a civiles, las
consecuencias del ‘Plan de Transición’ del Ejército en las
dos ciudades autónomas, o la presencia de los miitares en el
perímetro fronterizo tras los asaltos masivos al mismo del
otoño de 2005. Tampoco ha respondido sobre asuntos
castrenses el Gobierno, en este caso por escrito, a una
pregunta del diputado melillense Antonio Gutiérrez sobre la
posible disminución del contingente militar en las dos
ciudades. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, tampoco
llegó a explicar su visión sobre la llegada “masiva” de
inmigrantes a España por el aeropuerto de Girona y la
frontera ceutí. Más cerca, Moratinos se libró de contestar
sobre la designación del diplomático Máximo Cajal como
asesor del presidente del Gobierno y antes, para precisar
“las cusas por las que se informó al Gobierno de Marruecos”
de la visita de Zapatero.
En el tintero se quedaron también sendas peticiones de
información sobre las políticas del Ejecutivo socialista “en
materia de inmigración” en Ceuta y Melilla (de CiU) y sobre
los presupuestos de los planes de reintegración de Menores
Extranjeros no Acompañados (MENA) en ambas ciudades (del PP).
Exactamente lo mismo ha ocurrido con las dos polémicas
interrogantes que el diputado del Grupo Parlamentario
Socialista (GPS) Francisco de Asís planteó en noviembre
pasado sobre la “opinión” del Gobierno acerca de la visita
Real a Ceuta y Melilla y en relación con sus posibles
“consecuencias”.
Pequeños grandes temas
En la nevera del Congreso de los Diputados descansarán
también hasta verano otras interrogantes planteadas por
distintos diputados y Grupos Parlamentarios con respecto a
Ceuta. Por ejemplo, las que representantes del PP hicieron
llegar al Gobierno sobre las medidas previstas “para atajar
el crecimiento de la inseguridad ciudadana” o en relación
con el número de jóvenes menores de 35 años que permanecían
en paro en Ceuta entre 2004 y 2007.
En el ámbito cultural y educativo la legislatura socialista
terminó sin que las diputadas del PP que preguntaron por
ello pudieran saber cuántas órdenes de protección y cuántos
agentes se dedicaban a velar por su cumplimiento en Ceuta en
2006 y 2007; cuál ha sido la efectividad de los planes
implementados para prevenir la venta de drogas en los
alrededores de los centros educativos.
La misma suerte ha corrido una pregunta de Salvador de la
Encina (PSOE) sobre el grado de ejecución de los proyectos
del Ministerio de Fomento en Ceuta en 2004 y otra del PP
sobre los niveles de ocupación del Muralla entre 1996 y
2006.
Las respuestas llegarán, en el mejor de los casos, el
próximo verano.
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LOS ‘ASUNTOS PENDIENTES’ DE LA XVIII
LEGISLATURA
