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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó anteayer otros
dos anuncios del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (Invifas) con sendas Resoluciones de procedimiento
de recuperación posesoria de oficio para recuperar dos pisos
militares.
En ellos, el Ministerio de Defensa argumenta que
“desconociéndose el actual domicilio [de I. G. Á. y J. T.
P., los dos afectados, residentes en sendas viviendas
militares en las calles Cervantes y Córdoba]” se les hace
saber que, “en el ejercicio de la facultad que asiste a este
Instituto de recuperar por sí mismo la posesión
indebidamente perdida de sus bienes y derechos
patrimoniales” se les concede a los afectados, “que no
disponen de título alguno que le habilite para mantener el
uso de la vivienda militar citada, propiedad del INVIFAS”,
un plazo de ocho días hábiles para que desalojen sus casas
voluntariamente y se les advierte de que en caso contrario
“este Instituto procederá, mediante el ejercicio de su
potestad de recuperación de oficio, al lanzamiento de los
ocupantes de la citada vivienda.”
Las Resoluciones publicadas en el BOE agotan la vía
administrativa y contra las mismas sólo se puede formular
“en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente” a su publicación, un recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de dicha índole del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid o,
en el caso de los residentes en Ceuta, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
Igualmente, los afectados tienen derecho a interponer en el
plazo de un mes un Recurso de Reposición ante la propia
Dirección General del Invifas.
Sólo en lo que va de año el Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas ha remitido para su publicación en el
BOE un total de cinco requerimientos de desalojo sobre otras
tantas casas de propiedad militar en la ciudad autónoma.
Durante el segundo semestre del año pasado el Boletín
Oficial del Estado publicó 31 requerimientos del mismo tipo
después de que diversas entidades políticas, sindicales y
sociales denunciasen la existencia de viviendas propiedad
del Ministerio de Defensa vacías o indebidamente ocupadas en
la ciudad autónoma.
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