Tras el acuerdo alcanzado hace siete días en la Comisión
Estatal de Seguridad Local para establecer un modelo de las
relaciones bilaterales que deberán suscribir los municipios
y el Ministerio del Interior para concretar cómo ejercerá la
Policía Local el ejercicio de las funciones de policía
judicial el superintendente de este Cuerpo en Ceuta, Ángel
Gómez, ha advertido de que este cambio de competencias debe
“concretarse”, así como su financiación y el número de
policías que se destinarán a esta nueva unidad.
Interior estima que más del 30% de los policías locales (más
de 15.000 agentes) podrían unirse a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la prevención y la lucha contra la
delincuencia, porcentaje que en el caso de Ceuta supondría
destinar a este cometido a cerca de un centenar de agentes
dependientes de la Ciudad.
“Hasta la fecha sólo tenemos gabinete de atestados para
instruir accidentes de tráfico, no por la comisión de
delitos”, detalló ayer Gómez, quien dejó abierta la puerta a
que gracias al convenio que la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) e Interior hace un año “las
policías locales puedan tener grupos de investigación para
realizar los atestados por delito”.
“Cuando haya un acuerdo final”, adelantó el superintendente,
“habrá una modificación de la ley 2/86 de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y las policías locales asumiremos
más competencias en materia de seguridad ciudadana como la
investigación de pequeños delitos, la disposición judicial
de los autores y demás”.
Misma convicción
La FEMP y el Ministerio de Interior suscribieron en febrero
de 2007 dicho acuerdo bajo la común convicción de que “la
seguridad ciudadana, y la seguridad vial constituyen pilares
básicos de la sociedad del bienestar” y abogaron porque “la
cooperación entre las Administraciones Públicas y la
coordinación de los Cuerpos de Seguridad que de ellas
dependen resultan prioritarias para establecer políticas
comunes, sumar esfuerzos y optimizar los recursos de las
policías públicas”.
En sus conclusiones, dicho convenio insta a que se impulse
“la integración de los Cuerpos de Seguridad en los Sistemas
de Urgencia 112” y prevé “con el fin de optimizar los
recursos policiales” que la Local pueda recibir denuncias en
relación con infracciones penales, cuando constituyan falta
o delito menos grave; faltas penales; lesiones sin
hospitalización; violencia doméstica y de género; delitos
contra las relaciones familiares; quebrantamientos de
condena; de localización permanente; órdenes de alejamiento
y privaciones del permiso de conducir; hurtos; denuncias por
recuperación de vehículos; contra el Patrimonio histórico
municipal o de carácter comercial o con ánimo de lucro
realizadas en la vía pública o mercadillos y que constituyan
delitos contra la propiedad intelectual o industrial, entre
otros asuntos.
|