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Establecidas por el último ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales del PP, Eduardo Zaplana, y prorrogadas por el
primer y único del gabinete de Rodríguez Zapatero, Jesús
Caldera, las bonificaciones del 40% de las cuotas a la
Seguridad Social de que gozan los empresarios dedicados a
los sectores del Comercio, la Hostelería y el Turismo y la
Industria de Ceuta y Melilla deben servir, según la Orden
TAS/471/2004, de 26 de febrero, para crear con los ahorros
empresariales generados “mayores posibilidades, no sólo para
el mantenimiento del empleo, sino principalmente para la
creación de nuevos puestos de trabajo en los sectores
productivos a los que la medida va dirigida, sin que en
ningún caso deba ocasionar un incremento en los costes
salariales que la haría perder efectividad”.
Dicha salvedad explícita es precisamente uno de los “ajustes
técnicos” que Osuna y su equipo recomiendan al Gobierno
acometer en estas ayudas, que el ministro de Trabajo, Jesús
Caldera, anunciará en los próximos días se se prorroga o no
y en qué condiciones, aunque durante su última visita a
Ceuta reivindicó su cuota de responsabilidad en su puesta en
marcha [justo después de la llegada del PSOE al poder] y se
comprometió a estudiar su renovación, ampliación y extensión
“con todo el cariño y con toda la dedicación”.
Y es que la medida viene a satisfacer una de las
reivindicaciones inexcusables de cualquier discurso que se
precie del presidente Vivas. Desde su implantación el
Gobierno central quiso dejar claro que con esta medida se
venía a “complementar el marco de beneficios que
tradicionalmente se han venido estableciendo para los
residentes en Ceuta y Melilla” en distintos ámbitos del
ordenamiento jurídico, “como por ejemplo el fiscal”,
atendiendo a “las singulares circunstancias geopolíticas” de
las dos ciudades autónomas.
Su limitación a los sectores económicos anteriormente
mencionados fue justificada por el Gobierno en el hecho de
son estos los que sufrían especialmente “las consecuencias
de su situación geográfica, cuyo alejamiento de la península
supone un coste adicional en las relaciones con ella”. “Se
trata de compensar, en parte, los mismos, reforzando el
principio de solidaridad”, concluyó el Gobierno central
cuando las creó, dejando claro eso sí que su continuidad
quedaría a expensas de evaluaciones “periódicas” de su grado
de eficacia; de la “previa petición” de los presidentes de
Ceuta y de Melilla y de “los informes favorables de este
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”.
Criterios de evaluación
Para valorar la efectividad de su aplicación o no, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estableció que se
respondería favorablemente “cuando la evolución de la tasa
de empleo y de las condiciones salariales de los sectores a
los que la medida va dirigida no se desvíe
significativamente de la evolución de las respectivas medias
nacionales”, algo que en todo caso y según los datos
aportados ayer por el delegado del Gobierno no ha ocurrido
más que, y en todo caso, al alza.
Aunque ahora se espera que, siempre antes del próximo 31 de
marzo, cuando caduca la última Orden que amplió su
aplicación, sea el propio ministro de Trabajo quien señale
si se prorroga o no, en 2006 fue la secretaria de Estado de
Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones
Públicas, Ana Leiva, quien visitó Ceuta para confirmar la
prolongación de la misma. Entonces cifró en “unos 30
millones de euros” el coste para las arcas de la
Administración General del Estado de estas ayudas.
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analisis / EL IMPACTO DE LAS
BONIFICACIONES
