El informe elaborado por la Sociedad Española de Evaluación
de las Políticas Públicas recomienda al Gobierno central el
mantenimiento de dicha medida y se muestra más proclive a su
extensión a “ciertos sectores” que su ampliación al 50%, tal
y como reclaman sindicatos, patronal y Gobierno de la Ciudad
Autónoma, sobre todo teniendo en cuenta que según las
fuentes consultadas el estudio realizado bajo la dirección
del director del departamento de Economía Aplicada II de la
Universidad de Sevilla, José Luis Osuna, aconseja ciertos
“ajustes técnicos” en su aplicación y se refiere al destino
de una parte a “rentas del trabajo”.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
anunciará “durante los próximos días” o, “a lo sumo la
próxima semana”, la decisión del Gobierno central sobre la
prórroga de las bonificaciones del 40% a las cuotas de la
Seguridad Social que se establecieron en 2004 para los
empresarios dedicados en Ceuta y Melilla a los sectores del
Comercio, la Hostelería y el Turismo y la Industria (excepto
Energía y Agua), que a la luz de las conclusiones y
recomendaciones del informe sobre la efectividad de su
aplicación que acaba de remitir la Agencia de Evaluación de
las Políticas Públicas al Ministerio de Administraciones
Públicas se mantendrán con posibles “ajustes técnicos”.
Según las fuentes consultadas por este periódico el informe,
dirigido por el presidente de dicha Sociedad y director del
Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de
Sevilla, José Luis Osuna, incluye un total de quince
“conclusiones y recomendaciones” en las que se aboga más por
la extensión “a algunos sectores” de las mencionadas
bonificaciones que por su ampliación al 50%, tal y como
reclaman los sindicatos, la patronal y el Gobierno ceutí.
De entre los “ajustes técnicos” que recomienda hacer sobre
la medida la Sociedad Española de Evaluación destaca el
hecho de que “parte” del montante total de dichas
bonificaciones se está destinando actualmente a “rentas del
trabajo” en lugar de al objetivo “fundamental” de esta
medida, que según la Orden que la regula es “estimular la
creación de empleo y, en consecuencia, coadyuvar a la
reactivación de la actividad económica de Ceuta y Melilla en
los sectores del Comercio, Hostelería, Turismo y en algunas
ramas de la Industria”.
No obstante, en el estudio también se destaca el efecto que
ha tenido la implantación de estas bonificaciones sobre los
sectores afectados, en los que según destacó ayer el
delegado del Gobierno en Ceuta, Jenaro García Arreciado, el
empleo ha crecido un 9% mientras que a nivel nacional lo
hizo un 4% durante el periodo analizado, de 2004 a 2006.
Poco después de que se encargara este estudio, en otoño de
2006, Osuna adelantó que su informe debía responde a una
pregunta “primera y fundamental” que precisamente era “cuál
es la naturaleza y la dimensión del problema que tenemos que
resolver” para calibrar cuál es la “población objetivo
adecuada” para ser receptora de las bonificaciones; estudiar
si es oportuno ampliarlas o reducirlas; valorar si se está
gestionando tal y como se planeó y contar con otras
“variables” socioeconómicas que puedan afectar a su
efectividad.
Según los datos de Comisiones Obreras estas bonificaciones
beneficiaron durante sus dos primeros años de aplicación (el
periodo ahora analizado) a un total de 881 empresas y 3.704
trabajadores, que gracias a estas ayudas del Estado a las
patronales ceutí y melillenses han visto cómo crecían sus
salarios en un 6,4%. De acuerdo con esta misma fuente la
medida afectó entre 2004 y 2006 a 1.497 autónomos, un 55%
del total, lo que a juicio de CCOO prueba “el calado e
importancia de la Orden”, cuya desaparición afectaría según
su parecer “a las economías familiares y a la buena marcha
de la economía de muchaas empresas”.
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Una medida que “crea dependencia” pero que alivia un tercio
de los costes laborales de una empresa
El mantenimiento, a ser posible
extendido y ampliado, del volumen de bonificaciones de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social fue uno de los
primeros asuntos con los que sus más acérrimos detractores
tuvieron la oportunidad de sacudir la badana al delegado del
Gobierno, Jenaro García Arreciado, que hace un año y medio
defendía como “conveniente” su renovación en el tiempo.
Según sus propios cálculos, dichas ayudas del Ministerio de
Trabajo reducen a casi la mitad un tercio de los costes
laborales fijos de una empresa. Tras su entrada en vigor, en
primavera de 2004, todavía con un Gobierno de José María
Aznar, sindicatos y patronal acordaron repercutir un 6,4% de
dichos beneficios en los asalariados de los sectores
afectados aún a sabiendas de que, como no se ha cansado de
repetir el responsable de UGT, Antonio Gil, se corría el
riesgo de que generasen “dependencia”. A pesar de ello,
instituciones, patronal y sindicatos no han dejado de
reivindicar su continuidad e incluso la Ciudad aprobó,
aunque nunca más se supo de ello, en marzo del año pasado
remitir una iniciativa legislativa a las Cortes para instar
al Gobierno a su ampliación y extensión.
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