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Curiosamente fue un consejero
propuesto por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el
partido del mismísimo demonio según algunos políticos
nacionales, Sebastián Ruscalleda, quien resumió con mayor
precisión para qué debe servir la visita de ayer a Ceuta de
una delegación de la Comisión Nacional de la Energía: “Para
demostrar a Ceuta la solidaridad de todo el Estado para
garantizar que el abastecimiento energético no estrangulará
sus posibilidades de crecimiento en el futuro”, dijo el
catalán después de reunirse en la Delegación con Endesa y la
Empresa Eléctrica de Alumbrado y justo antes de desplazarse
al Palacio Autonómico para hacer lo propio, acompañados por
el delegado, con los responsables en la materia de la
Administración autonómica. El de la generación eléctrica es
un problema que no es ni mucho menos exclusivo de Ceuta, que
tiene en su ubicación geográfica un lastre y un privilegio
que hay que saber gestionar, pero que sí debe estar en los
primeros puestos de la agenda política de los responsables
institucionales no ya locales, sino también nacionales. De
entrada, el interés mostrado por el organismo regulador (“el
árbitro”, según la definió Arreciado) por la situación de la
generación y la distribución eléctrica a corto, medio y
largo plazo en Ceuta y Melilla es sin duda un gesto que hay
que aplaudir y desear que no se quede en un simple viaje de
cortesía. La Administración General del Estado debe velar
para que las empresas privadas no descuiden sus obligaciones
en su servicio público esencial e imprescindible capaz de
condicionar todas las expectativas de crecimiento y
desarrollo de las ciudades autónomas, que como los dos
archipiélagos son especialmente sensibles en ese tema como
sistemas aislados que son. Por eso cualquier conexión a
Marruecos que haga dependen a Ceuta energéticamente de un
país vecino tan voluble como ha demostrado ser hasta ahora
es un paso arriesgado cuyas consecuencias hay que medir con
cuidado antes de darlo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
