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Las supuestas devoluciones ilegales de menores a Marruecos
ocurridas hace diez años llevaron ante el Tribunal al ex
delegado del Gobierno y el ex consejero de Gobernación de
esa época, Luis Vicente Moro y Antonio Francia Maeso.
Durante algo más de tres horas, los acusados negaron los
hechos, mientras que un policía local afirmó haber realizado
entregas de niños de forma irregular en la frontera.
El ex delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, se sentó
ayer en el banquillo acompañado del antiguo consejero de
Gobernación, Antonio Francia Maeso, como imputado por un
delito de prevaricación y detención ilegal. Los hechos por
los se les enjuicia ocurrieron en 1998, tras la denuncia de
tres policías locales que aseguraron que se venían
realizando expulsiones de menores no acompañados sin ningún
tipo de expediente. La vista oral se celebró en la Sección
IV de la Audiencia Provincial.
Sin embargo, la acusación particular está ejercida por la
Asociación Pro Derechos Humanos de España, que pide para
ambos acusados una condena de seis años de cárcel y doce de
inhabilitación, además de diez años de inhabilitación
especial para cargo o empleo público. No obstante, la
Fiscalía continúa solicitando el sobreseimiento del caso al
no encontrar pruebas inculpatorias.
El antiguo delegado del Gobierno reconoció durante su
comparecencia ante el Tribunal que este sistema se llevó a
cabo “durante un par de meses” aunque alegó en su defensa
que cuando llegó al cargo “ya se hacía así”, en virtud de un
acuerdo que databa de 1996. Sin embargo, el ex delegado
aseguró que inmediatamente contactó con los ministerios de
Interior y Exteriores para conocer a quién correspondía la
competencia de repatriación de menores, si a la Delegación o
a la Ciudad. Tras eso se estableció un protocolo que “se
cumplía escrupulosamente” por parte de la Brigada de
Extranjería y la Secretaría General de la Delegación,
quienes “realizaban los expedientes”. Por último, Moro
afirmó que tuvo conocimiento de la entrega de menores por
parte de la Policía Local a las autoridades marroquíes “por
la prensa” alegando que “nuestro papel era recibir las
solicitudes de la Ciudad para tramitar el expediente, pero
no nos llegó ninguna”.
Por su parte, Francia negó que tales entregas irregulares se
produjeran, asegurando que estos “se entregaban a la Policía
Nacional y ellos se encargaban”. Además, el ex consejero
dudó de que la entrega directa por parte de la Policía Local
fuera posible aunque dijo no saber si alguna vez se
trasladaban los menores sin realizársele la correspondiente
filiación.
A continuación, se presentaron ante el Tribunal los
testigos. El primero fue Juan Antonio Espinosa, uno de los
policías que denunciaron los hechos, quien relató como un
superior le dio orden de trasladar un furgon de menores a la
frontera aunque se negó a notificársela por escrito. Este
testimonio fue negado por el superior en cuestión, José
Carrasco, quien declaró que “el testimonio es claro,
debíamos llevarles a la comisaría de la Policía Nacional en
la frontera”.
Después testificó Juan Luis Aróstegui, concejal del PSPC en
la época en la que se sucedieron los hechos. Aróstegui
aseguró que desde su partido se observó una actuación
irregular de la Policía Local, por lo que elevaron una
propuesta a la Fiscalía “que no nos contestó de buenas
maneras”. Sin embargo, el representante político defendió la
gestión de Moro, alegando que creó casas de acogida y puso
en marcha otras medidas, aunque justificó las supuestas
irregularidades policiales en que “en aquella época había
una sensación de inseguridad en Ceuta que se veía agravada
con la imagen de estos chavales deambulando por las calles”.
El último en testificar fue el periodista José Bejarano,
quién realizó un reportaje sobre menores indigentes y
patrulló durante una noche con la Policía Local. Bejarano
afirmó que “los menores eran entregados a la Policía
Nacional en la frontera”, aunque admitió que “yo no estuve
presente durante el proceso administrativo”.
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La defensa solicitó la nulidad del juicio antes de comenzar
El letrado de la defensa de Luis
Vicente Moro solicitó antes del inicio de la vista la
nulidad del procedimiento penal basándose en dos criterios.
El primero de ellos se basaba en que la acusación era de
carácter particular, ya que no existe en este caso acusación
particular y la Fiscalía no ha presentado recurso ninguno al
no encontrar motivo de delito. La otra causa se basaba en
que el magistrado Antonio Navas pertenece al tribunal que
injuicia los hechos, por lo que concluyó que el proceso “no
sería celebrado por un juez imparcial”. Sin embargo, el
tribunal desestimó tales consideraciones afirmando que la
acusación popular es equivalente a la particular. En cuanto
a lo segundo, se estimó que Navas no fue el denunciante de
la causa anterior del ex delegado.
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proceso judicial
