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Nueve mil funcionarios de la Administración de Justicia que
aún no han sido transferidos a las autonomías, entre ellos
155 trabajadores en Ceuta, están llamados a convocar una
huelga indefinida el próximo lunes día 4, debido “a la
discriminación salarial a la que nos somete Justicia
respecto a los trabajadores destinados en las comunidades
autónomas transferidas”, comunicaron las centrales
sindicales. El Ministerio se reune hoy en Madrid con los
sindicatos para pactar los servicios mínimos.
Tras varios meses de negociaciones con el Ministerio de
Justicia y dos jornadas de huelga durante el mes de
noviembre y diciembre, los más de 9.000 trabajadores de la
Administración de Justicia destinados en los órganos
judiciales gestionados directamente por el Ministerio que
aún no han sido transferidos, esto es, Ceuta, Asturias, La
Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares,
Murcia, Extremadura y Melilla, además de los órganos
centrales radicados en Madrid (como el Tribunal Supremo o la
Audiencia Nacional) han sido convocados a una huelga
indefinida a partir del próximo día 4.
El motivo fundamental de dicha convocatoria es “la
discriminación salarial a la que nos somete el Ministerio de
Justicia, respecto al resto de trabajadores destinados en
las CCAA transferidas” (Andalucía, Madrid, País Vasco,
Cataluña, Galicia, Navarra y Canarias), “cuando todos los
trabajadores de la Administración de Justicia tenemos
condiciones laborales similares”.
Según el comunicado escrito que suscriben los sindicatos
CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ, “el ministro de Justicia
consiente que haya trabajadores de primera y trabajadores de
segunda categoría en condiciones retributivas, con
diferencias salariales que vienen a suponer, en algunos
casos y para este año 2008, más de 200 euros al mes entre
las retribuciones de los trabajadores destinados en los
territorios dependientes directamente del Ministerio de
Justicia y aquellos compañeros que están destinados en
comunidades autónomas con competencias en materia de
Justicia”.
“El propio Gobierno”, continúa, “ha manifestado públicamente
en reiteradas ocasiones su intención de reducir la enorme
brecha salarial que actualmente separa a los funcionarios
del Estado frente a los funcionarios de las comunidades
autónmas, pero el Ministerio de Justicia no sólo mantiene la
brecha salarial entre los propios trabajadores de Justicia
sino que ésta se incrementará considerablemente en los
próximos años, diferencias que llegarán a alcanzar hasta 500
euros al mes, y, por el contrario, no tiene ningún reparo en
incrementar el sueldo a determinados magistrados y
fiscales”.
Según las centrales sindicales, esta situación puede derivar
hacia un proceso masivo de traslado de trabajadores de
Justicia del ámbito no transferido hacia otros destinos en
comunidades transferidas, sobre todo entre provincias
limítrofes de ambos ámbitos, “con la consiguiente
repercusión negativa que ello puede producir en el empleo
estable en los órganos judiciales del ámbito no transferido
y su repercusión en el servicio público que prestamos a los
ciudadanos”.
“Porque defendemos un servicio público de calidad, una
estabilidad en el empleo público, unos órganos judiciales
con suficiente personal, unas condiciones retributivas
similares en toda la Administración de Justicia, porque no
queremos una Justicia de dos velocidades, ni ciudadanos de
primera y de segunda, los trabajadores en el ámbito no
transferido iremos a la huelga”, concluye el comunicado.
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ministerio de justicia
