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sucesos - JUEVES, 24 DE ENERO DE 2008

 

responsabilidades

Los seguros no llegan a acuerdo
tras una muerte en el INGESA

CEUTA
Sheila Anaya

local
@elpueblodeceuta.com

Las compañías aseguradoras Mapfre y Zurich Seguros acudieron ayer a los tribunales para tratar de llegar a un acuerdo sobre quién debe pagar la indemnización a la familia de un joven que falleció hace ocho años en el hospital del INGESA a consecuencia de una negligencia médica.

La vista se realizó en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta durante poco más de dos horas. Los hechos se remontan al 21 de febrero de 2000, cuando entró en el hospital un joven de 27 años identificado como I.A. Se trataba de un joven indocumentado que había sufrido una caída desde once metros de altura, la cual le provocó politraumatismo con una fractura en la pelvis, aunque los médicos también detectaron que previamente había consumido sustancias estupefacientes. Sin embargo, los especialistas tuvieron una serie de imprudencias a la hora de atender al joven, que moría pocas horas después de ingresar.

A consecuencia de esto, se inició un proceso legal contra el personal médico por un delito de faltas. El pasado 29 de noviembre, el tribunal sentenció que los enfermeros quedaban absueltos mientras que los médicos imputados deberían pagar una sanción. Sin embargo, quedaba pendiente qué aseguradora debería pagar la indemnización a los familiares, ya que en esos momentos el hospital cambiaba de contrato.

Así, la defensa de Zurich Seguros pide la absolución de la compañía alegando que en esos momentos el hospital mantenía un contrato vigente con la otra compañía en discordia, Mapfre, y que ya había concluido el plazo de reclamaciones cuando el hospital dio aviso del incidente. Por su parte, Mapfre alega que la muerte fue provocada en parte por la actitud poco colaboradora de la víctima al ser atendida por los médicos. Así, la compañía también asegura que no hay pruebas de que el padre de la víctima, que se presentó como acusación particular, sea realmente el progenitor, ya que los datos facilitados por la familia no coinciden con los del informe forense. Mientras tanto, el letrado de la familia exige una indemnización de 100.000 euros aunque el caso quedó visto para sentencia.
 

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