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El delegado del Gobierno sofocó ayer cualquier intento de
generar una polémica entre la Delegación y la Ciudad
Autónoma a cuenta de la convocatoria por parte del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la Comisión de
Videovigilancia para regular el uso, archivo y destrucción
de las cámaras instaladas por el Gobierno local para
controlar el tráfico y las imágenes que graben: “No tengo el
más mínimo afán de confrontación con la Ciudad; aquí no hay
ninguna polémica. Esas cámaras deben funcionar porque son
útiles, pero sometidas a un control porque son potentísimas,
y eso requiere de unas garantías jurídicas”, repitió.
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trafico
