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“Un cargo al que apenas le quedann dos meses debería ser más
prudente y menos prepotente”, ha dicho, el senador por Ceuta
del Partido Popular, Nicolás Fernández Cucurull sobre el
director general de Ubanismo, Marcos Vaquer quien, el lunes,
participó en la jornadas sobre Urbanismo que organizó la
Ciudad Autónoma. Fernández Cucurull ha asegurado además que
si el Partido Popular gana las elecciones en marzo, “la ley
será modificada” para incluir las cuestiones de Ceuta
No han caido nada bien las declaraciones del director
general de Urbanismo, Marcos Vaquer sobre el contencioso
habido entre el Estado y la Ciudad Autónoma durante las
negociaciones en las que se solicitaba la devolución de las
competencias urbanísticas para el gobierno de la Ciudad.
Fernández Cucurull recordó que el PP presentó enmiendas para
un régimen más flexible y favorecedor a los intereses de los
ceutíes, respetando la sentencia del Tribunal Contitucional
sobre competencias legislativas o tutelas estatales. En
respuesta a las declaraciones realizadas por el Director
General de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Nicolás
Fernández Cucurull ha manifestado que “el Director General
no es quien para zanjar ni cerrar nada” en relación con el
debate sobre las competencias urbanísticas de Ceuta, y que
“un cargo al que apenas le quedan dos meses debería ser más
prudente y menos prepotente”. Para argumentar su afirmación,
Fernández Cucurull ha señalado que “la sentencia del
Tribunal Constitucional de 2006 nada tiene que ver con el
debate mantenido durante la tramitación de la actual ley,
pues nadie cuestionó la competencia legislativa ni la tutela
estatal en el caso de Ceuta. Por el contrario, las enmiendas
del Partido Popular, respetando la citada sentencia,
configuraban un régimen más flexible y favorable a los
intereses de Ceuta y los ceutíes”.
En este sentido, recuerda que las correcciones que el PP
pretendió introducir, y que “el gobierno se encargó de
cercenar, convenciendo a los grupos nacionalistas para votar
en contra de la mejora de las competencias de Ceuta, a
cambio de mayores cesiones estatales para sus respectivas
autonomías, en un ejercicio realmente sonrojante”, iban
destinadas a cuatro puntos concretos: “Precisar que la
aprobación definitiva por el Estado del PGOU, de sus
revisiones y de las modificaciones que afecten a la
estructura general y orgánica del territorio, sólo podría
denegarse por razones de legalidad, y nunca de oportunidad.
Eliminar los informes previos por parte de la Administración
General del Estado en la aprobación de planes parciales y
especiales, y de las modificaciones que no afecten a la
estructura general y orgánica del territorio.
Introducir una mención expresa a la potestad normativa
reglamentaria que el Estatuto atribuye a Ceuta, así como a
la adaptación por la Ciudad Autónoma, en base a la misma, de
los Reglamentos de Planeamiento Urbanístico, Gestión
Urbanística y Disciplina Urbanística.
Reducción de 15 a 10 del porcentaje mínimo de cesión
obligatoria de edificabilidad a la Ciudad por los promotores
y urbanizadores (término medio del mínimo que pueden fijar
las Comunidades Autónomas, que oscila entre el 5 y el 15)”.
En cualquier caso, para Fernández Cucurull el debate no está
ni mucho menos concluido, y señala que “si el Partido
Popular gana las próximas elecciones la ley será modificada,
muy probablemente con carácter general, como ya se anunció
en el debate parlamentario, pero, al menos, y con toda
seguridad, para incluir estas cuestiones relativas a Ceuta”.
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