Al director general de Urbanismo del Ministerio de Vivienda
no le valen las excusas que ayer se le plantearon en sala de
prensa para justificar que los constructores tengan reparos
a la hora de construir viviendas protegidas: “Donde los
materiales son más caros y donde el precio final de las
viviendas es más alto es donde es más necesaria la
intervención pública en forma de viviendas protegidas”,
aseguró Vaquer, quien también recurrió durante la exposición
de su ponencia a la Constitución para dejar claro que al
Gobierno del que forma parte le preocupa cumplir con la
Constitución y su artículo 47, donde literalmente dice que
“todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán
las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación” y que “la comunidad participará en
las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
públicos”.
Así, con la lección bien aprendida, el director general
volvió a subrayar la importancia de que los poderes públicos
tomen conciencia de su papel en este terreno “para fomentar
un desarrollo territorial y urbano más sostenible”; para
garantizar que la vivienda sea accesible y que haya
transparencia en la gestión municipal del suelo”.
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